Iceta toma el mando del convento de Belorado: encargará una auditoría y expulsará a Rojas y Ceacero

La Santa Sede ha nombrado al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, comisario pontificio de los monasterios de Santa Clara de Belorado, Orduña y Derio. Toma así el mando el prelado burgalés de los conventos vinculados con la comunidad cismática, tras expirar hoy mismo el mandato de sor Isabel, ya oficialmente exabadesa.

Al no producirse la acordada sucesión al frente de las clarisas del cenobio beliforano, el Vaticano atendía la petición de ayuda la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, congregación a la que pertenecen los citados monasterios, y otorgaba plenos poderes a Iceta, entregándole todos los derechos y deberes reconocidos para el cargo indicado, «incluida la representación legal en el ámbito civil».

Desglosaba el arzobispo los primeros pasos dados tras conocer su nombramiento, y los que seguirán después, arropado por los integrantes de la comisión gestora que ha creado para el desempeño del encargo recibido.

Así, comparecían junto a él en una multitudinaria rueda de prensa las religiosas madre Javier Soto y hermana Carmen Ruiz, presidenta y secretaria de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, «que velarán por el cuidado de la comunidad»; el vicario judicial de la Archidiócesis de Burgos, Donato Miguel Gómez, responsable de las cuestiones en el ámbito canónico; y el director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado, Rodrigo Saiz, que «coordinará los aspectos concernientes al ámbito civil». «Contaremos además con la colaboración del delegado episcopal para la Vida Consagrada, Amadeo Alonso, y de los capellanes del monasterio», precisó Iceta.

La nueva situación se daba a conocer ayer a sor Isabel mediante un burofax en el que se notificaba «el fin de su mandato y el nombramiento del comisario pontificio, con efectos inmediatos». Lo siguiente, según avanzó el prelado, será exigir a Pablo de Rojas y José Ceacero, y a cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, que abandonen el recinto: «Se prohibirá el acceso y la permanencia» de ambos en los monasterios. Preguntado por las fórmulas para materializar esta orden, así como para garantizar su cumplimiento, el arzobispo se limitaba a indicar que si tras la oportuna comunicación «no entienden que están en un lugar donde no deben», se recurrirá a la vía judicial.

Anunciaba también que, como nuevo responsable máximo de la administración de los conventos y sus bienes, cometido para el que se precisará la colaboración de «un despacho profesional», encargará la realización de una auditoría y un inventario. Recordaba además Iceta que las actuales moradoras del monasterio de Belorado no podrán comprar ni vender ninguno de los tres inmuebles con los que mantienen un vínculo (siendo de su propiedad el citado y el de Derio y ocupando el de Orduña sin ser las dueñas), pues «no tiene capacidad para administrar más allá de lo necesario para el día a día».

El arzobispo subrayó que hasta el momento ha sido imposible mantener contacto con las hermanas cismáticas, muy activas en redes sociales, por otra parte, y opinó que «merecen el máximo respeto y consideración».

Sin precisar plazo alguno, por «delicadeza», sí que auguró que transcurrido un tiempo «prudencial» se requerirá a cada una de las monjas que exprese de manera individual su voluntad de abandonar o permanecer en la Iglesia. Si renuncian comenzará el procedimiento canónico que, al no deponer las religiosas su decisión, podría concluir con la declaración de excomunión 'latae sentenciae' -implícita en el hecho cometido- y su inmediata expulsión de la vida consagrada.

Si bien Iceta confía en «no llegar a ese extremo», quiso dejar claro en su intervención que «los monasterios, sus propiedades y bienes son eclesiásticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros como personas físicas», por lo que será él mismo el que ahora -designado por el Vaticano como máximo representante- pueda tomar decisiones al respecto. Además, «hay que hacer notar que, si se llegara a decretar la supresión de los monasterios por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa, denominada ‘Cor Orans’, todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu, conforme a sus estatutos», detalló.

En tal escenario, las religiosas ‘sedevacantistas’ tendrían que abandonar las dependencias. De negarse se seguirán los cauces legales oportunos, indicaba Rodrigo Saiz. «Vamos a ir paso a paso», subrayaba. Por su parte, Donato Miguel reconocía que la investigación previa por el delito de cisma «avanza». Cabe recordar que se iniciaba tras la sospecha de la madre Javier Soto, abadesa de Castil de Lences, de que «algo ocurría».

Preguntada ayer por qué detalles alimentaron su preocupación, la clarisa incidió en la excelente relación que siempre había tenido con una comunidad que destacaba por la presencia de «varias jóvenes bien preparadas académicamente». 

Sin embargo, aunque asegura que no vio «ninguna cosa rara, porque yo no he estado dentro», hace unos meses «la relación se enfrió de manera extraña», lo que la movió, como presidenta de la congregación a la que este convento pertenece, a advertir al arzobispo de que «algo no funcionaba bien». No esperaba al parecer tan llamativo desenlace.

La secretaria de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, la hermana Carmen Ruiz, incidió por su parte en lo doloroso de «una situación que nunca habíamos vivido». Con todo, agradecía el respaldo eclesiástico que han tenido en todo momento.

Sobre las religiosas de más edad que permanecen en Belorado, Iceta afirmaba que le consta que reciben un esmerado cuidado, pero expresó su preocupación por «que no estén recibiendo una atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han profesado».

En el ámbito material, el arzobispo de Burgos descartó del todo, con contundencia, que en este periodo las clarisas hayan aprovechado para tratar de enajenar ningún bien religioso.

Aseguró haber perdonado las ofensas de Pablo de Rojas, de cuya excomunión es responsable, y reconoció orar cada día para que «las hermanas reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa».

Las medidas citadas se han trasladado al Nuncio Apostólico, a la Conferencia Episcopal y a los obispos de Vitoria y Bilbao.