Las monjas de Belorado se revuelven y denuncian a Iceta por "usurpación"

La comunidad de religiosas cismáticas de Belorado ha presentado una denuncia contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, por  "violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, así como también por abuso de poder y usurpación de la representación legal". Lo ha explicado a las puertas del convento, documento en mano, el portavoz de las monjas, José Ceacero, que garantizaba que la propiedad tanto del monasterio beliforano como el de Derio "es de ellas al 100%".

Responden así al movimiento del Vaticano anunciado ayer, con Iceta designado comisario pontificio del cenobio. Implicaba este nombramiento, según defiende la Santa Sede, que el prelado toma el mando del convento y dispone de la capacidad de administrar sus bienes. 

No lo entiende así sor Isabel, ya exabadesa al expirar ayer el plazo oficial para la elección de su sucesora. A su juicio, tal y como ha detallado Ceacero a los medios de comunicación, "ni el señor Iceta, ni Roma, ni nadie, una vez que voluntaria y libremente las hermanas se han separado de su Iglesia, pueden imponer el Derecho canónico, porque ya no están bajo su jurisdicción". 

De tal premisa parte la denuncia interpuesta en la Policía Nacional de Logroño al filo de las 5 de la madrugada por parte de sor Isabel, en compañía de otras dos hermanas, integrantes del órgano de gobierno de la comunidad, según precisa el atestado, y el propio Ceacero.

Insistía el también integrante de la Pía Unión de San Pablo Apóstol  (agrupación tradicionalista creada por Pablo de Rojas, excomulgado por Iceta) en que "en ningún sitio dice que esa representación legal que ostenta la comunidad esté supeditada a su permanencia a la Iglesia católica", por lo que, a su juicio, y tal y como en su momento sostuvieron las propias religiosas en la primera y única entrevista concedida hasta la fecha, al romper formalmente tienen libertad total para disponer de sus bienes.

Ceacero recordaba que se trata de un monasterio 'sui iuris' -es decir, "de derecho propio"- con capacidad jurídica para sus asuntos. Defendía además que el paso de que dieron el 13 de mayo, "notificado a Mario Iceta de manera fehaciente el 14 de mayo", implica el ejercicio del "derecho inviolable contemplado en la Constitución Española de libre asociación y libre separación".

Añadía este sacerdote de la agrupación de la que es obispo Pablo de Rojas que en este escenario cabe limitarse a lo establecido por el Derecho civil. "Estamos en un estado aconfesional y laico, y ninguna confesión religiosa está por encima de la Constitución", apostillaba con vehemencia.

La denuncia, según relata Europa Press, será remitida desde La Rioja a la Policía Nacional de Burgos, ya que los hechos se han producido en esta provincia y es allí donde se llevará a efecto la correspondiente investigación.

Se escribía esta mañana, pues, un nuevo capítulo de un serial cuyo desenlace ni siquiera se intuye y en el que la conciliación entre ambas partes parece, al menos de momento, imposible. De hecho, ni pizca de intención muestran los dos integrantes de la Pía Unión de San Pablo Apóstol de abandonar el convento en el que residen desde que la comunidad anunciara su ruptura con la Iglesia católica.

Ignoran así la prohibición de acceso y permanencia en el recinto manifestada el pasado miércoles por el arzobispo de Burgos, en calidad de comisario pontificio del monasterio. Ya el prelado advirtió entonces que, de no acatar tal mandato, acudirá a la vía judicial. Similar camino lleva, vista la reacción inicial de las interpeladas, su intención de que las monjas reconsideren su decisión y, en caso de no hacerlo y persistir en el cisma, abandonen por su propio pie las instalaciones.