El "gravísimo" problema del acceso a la vivienda eleva un 20% las ayudas directas de Cáritas

El encarecimiento del precio de la vivienda es un hecho y sus consecuencias afectan en mayor medida a los colectivos más vulnerables, que requieren apoyos extraordinarios para encontrar un espacio digno en el que residir. Los datos cantan y la memoria anual de Cáritas Diocesana de Burgos ofrece algunos significativos en este sentido. Tanto es así que sus responsables han manifestado su especial "preocupación" por los efectos de una realidad que el año pasado elevaba en casi un 20% la cuantía total de las ayudas económicas directas distribuidas. 

El montante crecía de los 716.000 euros de 2022 a los 855.000 del ejercicio anterior, alimentado por la inflación y por el desmedido aumento de los alquileres, mayor en proporción en el caso concreto de las habitaciones en piso compartido. "Se han doblado, incluso triplicado en algunos casos", lamentaba ayer la coordinadora de Acción Social de la organización, María Gutiérrez, para subrayar que, "en este momento, para las personas a las que acompañamos es más difícil encontrar vivienda que trabajo". Al respecto, la representante de la entidad instaba a las administraciones a implementar políticas que fomenten el alquiler social e impidan que se especule "con un bien tan básico como este".

El pago de la renta y los suministros (luz, gas, agua...) vinculados con el hogar son el segundo gran grupo del listado de destino de las citadas ayudas económicas directas, liderado siempre por los bienes básicos para la subsistencia, tales como alimentación o medicamentos.

Era este uno de los mensajes destacados de la tradicional "rendición de cuentas" que cada año ejerce Cáritas con la difusión de su balance de actividad y económico. El de 2023 revela cierta estabilidad tras varios años de escalada de la demanda de apoyo, motivada primero por la pandemia y agravada posteriormente por la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación. "Podemos decir que ha sido un ejercicio relativamente normal, ordinario", consideró su director, Jorge Simón, en comparación con los anteriores. 

Las cifras lo respaldan, pues las 10.687 personas de 7.040 familias atendidas en la provincia -4.004 de ellas en la capital- suponen una variación mínima respecto a 2022, de apenas un 1,5%. Sorprende, sin embargo, que el 34% de estos casos acudían a Cáritas por primera vez, hecho del que la organización diocesana hace una doble lectura. Y es que aunque se puede entender como una "rotación o renovación" de las familias que precisan apoyo, "también tiene una interpretación positiva, ya que el hecho de que su incorporación no incremente el número total revela que hay otras familias que dejan de necesitar ese respaldo y, por tanto, supone que nuestra intervención es efectiva porque, junto con tras medidas como las ayudas públicas, saca a las personas de la pobreza", explicaba Gutiérrez.

Más allá del estatismo del dato total, el perfil de quienes lo integran sí que experimentaba cambios el año pasado. Se registraba un incremento de ciudadanos extracomunitarios, del 46% del total hasta un 59%, en gran medida provenientes de países hispanoamericanos, con Colombia y Venezuela como principales lugares de origen.

"Para muchos de nuestros atendidos, además de las condiciones económicas, los motivos para dejar atrás su país tienen que ver con la inseguridad y la falta de perspectivas de futuro", indicaba la coordinadora de Acción Social, para destacar que otra de las 'novedades' detectadas es el mayor nivel de estudios de los migrantes que recalan en sus servicios en busca de apoyo. "Si en 2022 había un 13% con Bachillerato o formación superior, en 2023 era un 18%. Recibimos a personas con mayor cualificación que acceden en mayor medida al empleo", añadía Gutiérrez.

Así, las 89.271 intervenciones llevadas a cabo por Cáritas Diocesana de Burgos el año pasado en sus diez programas en activo convierten a la entidad en voz más que autorizada para analizar las situaciones a las que se enfrentan los colectivos vulnerables. La conclusión es demoledora: "La pobreza severa sigue estancada, pese a la recuperación económica, y ni siquiera se han superado los niveles que dejó la crisis de 2008". Así lo indicaba Gutiérrez, para señalar que casi la mitad de las personas atendidas no percibe dinero alguno, "ni por salarios, ni por prestaciones", por lo que el Ingreso Mínimo Vital "sigue sin alcanzar a todas las personas que lo necesitan".

No es mucho mejor la reflexión en torno al mercado laboral, pese a la evidente recuperación. "La precariedad se ceba con los parados de larga duración, los jóvenes menos cualificados y las mujeres con hijos a cargo, que son perfiles muy frecuentes entre los atendidos por Cáritas", explicaba. Defienden así desde la organización el fomento del "empleo protegido" y una mayor vigilancia para prevenir y sancionar los casos de explotación.

Cooperación internacional y diálogo frente a la crispación

La coordinadora de Acción Social culminó su intervención con una doble llamada. Por un lado, recordaba la importancia de los fondos públicos para cooperación internacional y exigía alcanzar el 0,7 de los presupuestos de las administraciones del que, por cierto, se alejaba este año el Ayuntamiento tras el recorte de esta partida impuesto por Vox. Gutiérrez señaló al respecto que Cáritas se posicionó en contra de tal decisión a través de la Coordinadora de ONG.

Además, reivindicó la creación de espacios de encuentro y diálogo sereno y constructivo, pues «la polarización y crispación» imperantes en la actualidad «nos perjudican a todos, pero todavía más a los más vulnerables». «Lo que debe mover a los responsables políticos es la búsqueda del bien común», apostilló.

Colapso por "falta de medios" en las administraciones

La «falta de medios» de las administraciones repercute en el funcionamiento de Cáritas hasta el punto de saturar algunos de sus programas. La coordinadora de Acción Social de la entidad diocesana, María Gutiérrez, señalaba también ayer un par de ejemplos que evidencian este impacto y dificultan el desempeño de su labor en beneficio de los colectivos más desfavorecidos.

Así, lamentó la creciente congestión del sistema de acogida a personas inmigrantes. «Trámites tan básicos e iniciales como solicitar una cita en Comisaría o Extranjería se prolongan durante semanas o meses y obligan a las personas afectadas a ocupar plazas en recursos como el de personas sin hogar», totalmente abarrotado, detallaba.

Otro síntoma del colapso que sufren los servicios públicos es el incremento que la partida destinada a adelantar ayudas. «Ha crecido un 29% en 2023, hasta los 554.909 euros», indicaba Gutiérrez, para señalar que esta eficaz forma de que los apoyos lleguen «a quien lo necesita cuando lo necesita» supone una importante carga de trabajo para la entidad y revela la escasa agilidad de las respuestas de la administración a las necesidades de la sociedad. «Está claro que el sistema está tensionado porque no se quiere dotar de los recursos necesarios para que no sea así», concluía.