De la Rosa exige a Ayala que desautorice a Vox por perseguir el empadronamiento ilegal de inmigrantes

«Este es el mayor ataque xenófobo y racista que se ha traducido nunca jamás en la historia de este Ayuntamiento». Con estas palabras define Daniel de la Rosa, portavoz del grupo municipal socialista, la pretensión de Vox de ordenar a la Policía Local realizar inspecciones y visitas para comprobar si hay inmigrantes empadronados de manera ilegal en el término municipal de Burgos.

El socialista responsabiliza a la alcaldesa Cristina Ayala, del PP, de la polémica que se ha generado y reclama que desautorice a los dos concejales del equipo de Gobierno, Fernando Martínez-Acitores e Ignacio Peña, de Vox, que presentaron ocho medidas como si fueran a llevarlas a cabo de manera inmediata.

De la Rosa asegura que el PP está secuestrado por Vox, ya que en su opinión, está aplicando el «sesgo ideológico» de la formación de Santiago Abascal ya desde el inicio del mandato con el recorte al área de cooperación, a asociaciones relacionadas con la memoria histórica, al ninguneo a la concejalía de Mujer y ahora con la inmigración.

Entre las medidas que anunció Martínez-Acitores se incluía la apertura de un canal de comunicación anónimo para que vecinos de la ciudad pudieran denunciar casos de empadronamiento ilegal de inmigrantes. Para De la Rosa, «estas prácticas son habituales de regímenes autoritarios y totalitarios en los que cualquier vecino puede denunciar impunemente a cualquier persona a través de la Policía del Estado o Policía Política».

El líder de la oposición pide contundencia y que se aclare «sin lugar a dudas cuál es la política de migración del gobierno municipal en la medida que este tenga competencias», ya que estas son limitadas. Así, se pone de manifiesto que es la Policía Nacional y la Guardia Civil la que tiene atribuida la materia inmigratoria.

Con respecto al empadronamiento de los vecinos de Burgos, tarea de la que se encarga el Ayuntamiento de Burgos, De la Rosa asegura que los trabajadores municipales que se ocupan de esta área no cuestionan el «estatus jurídico» de las personas que acuden a empadronarse y recuerda que es un registro obligatorio «estes regular o irregular». Según añade, «la situación jurídica de un inmigrante que está empadronado es correcta y legal».

En este punto, ha interpelado a su rival política, la popular Cristina Ayala, para recordar que durante los años que estuvo trabajando en Valladolid y en Madrid, siguió empadronada en Burgos y, por tanto, añadió que su situación «sí era irregular».

Con respecto a las afirmaciones de Vox que aseguraban que los inmigrantes sin papeles se empadronan para acceder a ayudas sociales, el líder del PSOE ha precisado que las únicas subvenciones directas que concede el Ayuntamiento de Burgos son las ayudas de urgente necesidad para personas de cualquier nacionalidad. 

Este tipo de ayudas, como ha recordado, son puntuales y extraordinarias para personas en situación de extrema vulnerabilidad y son los técnicos de servicios sociales los que se encargan de autorizarlas o no en cada caso.  

Además, desde el PSOE aseguran que en el próximo Pleno ordinario de junio, en el que puede que Vox presente sus medidas como una proposición, acudirán con una iniciativa para averiguar la posición del bipartito sobre esta cuestión para conocer si hay uno o dos partidos en el Gobierno de la ciudad con las mismas ideas o diferentes.

El portavoz socialista manifiesta que en el anterior Pleno, el del mes de mayo, nunca conocieron la intención de Vox de llevar una proposición con esta cuestión de los empadronamientos ilegales de inmigrantes. En la junta de portavoces para preparar la sesión no se dieron más detalles y esa moción nunca llegó, pese a lo dicho este miércoles por el PP, que achacaba las medidas propuestas por Vox a una proposición plenaria que no se llegó a debatir, porque no se presentó.