La UBU investiga cobros de hasta 10.000 euros por matrículas de doctorado

Fue un director de tesis de la Universidad de Burgos (UBU) quien dio la voz de alarma hace un par de meses. Le pareció cuanto menos extraño que una alumna de la Escuela de Doctorado, oriunda de Italia, se comunicara con él y le enviase documentos en perfecto castellano pese a desconocer el idioma. No tardó en comprobar que detrás había una empresa «intermediando» como si de una «asesoría» se tratase. Solo por el papeleo que conlleva la matriculación, la estudiante desembolsó 10.000 euros cuando las tasas públicas rondan los 450 euros anuales con el fin de favorecer el «acceso libre e igualitario» a los campus de Castilla y León.

«Los trámites de la Universidad son muy sencillos», apunta el vicerrector de Investigación, José Miguel García, pese a ser consciente de que muchos alumnos extranjeros «no conocen el procedimiento». Por eso, precisamente, se puso en contacto con los docentes de la Escuela de Doctorado para hacer hincapié en el «acompañamiento necesario» que evite este tipo de prácticas quizá no ilícitas pero sí completamente amorales.

La cuestión es que, una vez detectado el primer caso, los directores de tesis se han topado con otros cuatro similares. Existe, además, un denominador común: los cinco alumnos son de origen italiano. Lo más llamativo del asunto es que estos estudiantes, como tantos otros de terceros países, no dominan el castellano. Por eso, lo habitual es que las comunicaciones con el personal docente se produzcan en inglés. Sin embargo, resulta cuanto menos extraño que muchas de las respuestas que dan los doctorandos son «demasiado rápidas» y en un español sumamente perfecto como para haber empleado un traductor.

Teniendo en cuenta que el primer caso permitió destapar la existencia de al menos una empresa que se dedica a cobrar una «cantidad desorbitada» por gestionar matrículas universitarias, todo apunta a la existencia de una red cuyo abanico podría ir mucho más allá. Lo de traducir las comunicaciones entre profesores y alumnos tendría un pase, pero preocupa -y con razón- el hecho de que la prestación de estos servicios se extienda a la realización de trabajos. Eso, obviamente, supondría un fraude en toda regla y conllevaría, como mínimo, la apertura de un expediente disciplinario.

Con la máxima cautela, García insiste en que la investigación abierta tiene carácter «preventivo» para evitar que «esto vaya a más». De momento «todo son conjeturas», aunque no queda más remedio que permanecer ojo avizor. En principio, la UBU no tiene constancia de que otras universidades hayan vivido episodios parecidos, aunque se comunicará lo sucedido a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para «ver si alguien sabe algo de esto». Lo que resulta evidente es que si una empresa llega a tanto, el alumno difícilmente podrá sacarse el doctorado porque es «casi imposible que no te pillen». Sin ir más lejos, la lectura de la tesis sería una prueba de fuego para detectar posibles trampas.

Mientras tanto, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Burgos reitera el compromiso de «velar por que el acceso sea en igualdad de condiciones y con tasas públicas». En este sentido, asegura que «los profesores son muy accesibles» a la hora de solventar cualquier duda. Y ahora más que nunca después de detectar estas prácticas tan sospechosas.