Elías Gutiérrez da paso a Pilar Olalla al frente del Colegio de Procuradores de Burgos
La nueva Junta de Gobierno, única candidatura, se constituirá el 28 de junio. El decano saliente fue distinguido en abril con la Cruz de San Raimundo de Peñafort
El Colegio de Procuradores de Burgos encara una nueva etapa con la renovación parcial de su Junta de Gobierno, eminentemente femenina y con Pilar Olalla como decana. Su antecesor, Elías Gutiérrez, decidió no presentarse a la reelección y el equipo de Olalla, la única candidatura, tomará posesión de sus cargos el viernes 28 de junio. La puesta de largo oficial, coincidiendo con la festividad de Santa Ana, tendrá lugar el 26 de julio en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
De los 14 procuradores que componen la Junta, cinco son caras nuevas. Como secretaria entra, en sustitución de Carolina Aparicio (ahora vicedecana), Ana Manero. Por su parte, la también concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, ejercerá como vocal primera mientras que el segundo y tercer puesto recaen sobre Carmen Luz Álvarez y Claudia Villanueva. Cerrando el apartado de incorporaciones, Fernando Fierro se encargará de representar al partido judicial de Salas de los Infantes.
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Olalla, vocal segunda en el anterior equipo de Gobierno, optó por situar a Ana Marta Ruiz como vicesecretaria y mantener a María Teresa Palacios como tesorera. También repiten, salvo en el caso de Fierro, los vocales de los partidos judiciales: Marcos María Arnaiz (Aranda de Duero), Concepción López (Briviesca), Teresa Alonso (Lerma), Juan Carlos Yela (Miranda de Ebro) y Antonio Infante (Villarcayo).
Culmina así un ciclo de dos mandatos consecutivos con Gutiérrez como cabeza visible. El todavía decano se va con la satisfacción de haber sido condecorado, el pasado 17 de abril, con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Dicho reconocimiento fue concedido por el Ministerio de la Presidencia con motivo del aniversario de la Constitución Española.
Atrás quedan cuatro años de gestión sumamente complicados, a raíz de la pandemia y la consiguiente paralización de la actividad judicial, en los que los procuradores han defendido los intereses de la profesión a capa y espada. A lo largo de su segundo mandato, Gutiérrez ha centrado buena parte de sus esfuerzos en estrechar lazos con el Colegio de Abogados de Burgos. Por ejemplo, a la hora de reclamar la ansiada actualización de retribuciones del turno de oficio y el abono por los servicios prestados en tiempo y forma.
También se ha mostrado muy reivindicativa la Junta de Gobierno saliente en relación a las sucesivas huelgas de letrados y funcionarios de la Administración de Justicia que paralizaron la actividad en los tribunales en 2023. El bloqueo llegó hasta tal punto que, tal y como denunciaba el propio Gutiérrez hace justo un año, en torno al 80% de los procedimientos se encontraban en stand by. Ante esta tesitura, el Colegio burgalés se sumó, junto al resto de compañeros de la Comunidad, a la petición expresa del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) de un Pacto de Estado con el fin de revertir la situación.