Ultimátum de Iceta: si las exmonjas no se van "en fechas próximas" pedirá su desahucio

Treinta y nueve días después de conocer el Manifiesto Católico suscrito por la entonces abadesa de la comunidad de clarisas de Belorado y refrendada el pasado viernes la postura cismática plasmada en aquel documento, las ya exmonjas -una vez declarada su excomunión y la consiguiente expulsión de la vida consagrada- "carecen del título legal para permanecer" en este inmueble, así como en los monasterios de Orduña o Derio. 

Deberán, pues, abandonarlos, tal y como indicaba el arzobispo de Burgos y comisario pontificio designado por el Vaticano, Mario Iceta . "De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar ", anunciaba el prelado, sin precisar plazos exactos, más allá de, "quizá, principios de julio", para iniciar un proceso que, de atrincherarse las exreligiosas, podría Acabar en desahucio .

Confía Iceta en no llegar a ese extremo, pero no lo descarta y, aunque asevera que reza por ellas, en su comparecencia de hoy ante los medios de comunicación subrayaba con contundencia que "la legalidad es la legalidad".

Al respecto, el arzobispo de Burgos no alberga duda alguna sobre la propiedad de los bienes e inmuebles en cuestión. "Pertenecen a los monasterios como entidades jurídicas públicas eclesiásticas al servicio de la comunidad de clarisas que los habita desde hace seis siglos", relataba, para dejar claro que, con su marcha "libre y voluntaria", las diez exreligiosas ya no forman parte de ella.

"Ni los estatutos de los monasterios de Belorado y Derio, ni los de la Federación Nuestra Señora de Aránzazu, a la que pertenecen ambos, ni las reglas monásticas, ni las constituciones generales de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara recogen la posibilidad de alterar la naturaleza eclesiástica pública de estos si no es con el consentimiento explícito y en la forma que dictamine la autoridad eclesiástica competente, en este caso la Santa Sede", zanjaba Iceta.

Apelaba en este punto a los Acuerdos del Estado Español con el Vaticano, elemento clave, pues "establecen que la legislación canónica actúa como derecho estatutario en la capacidad de obrar de las entidades religiosas", lo que en la práctica impide que se pueda disponer libremente de los bienes sujetos a esta norma. 

Así, "el derecho civil convalida lo que dice el canónico, pues se atiene a este en lo referente a las instituciones eclesiásticas", explicaba Iceta, en respuesta indirecta a las reiteradas afirmaciones del portavoz de las clarisas cismáticas, José Ceacero, que ha aseverado en no pocas ocasiones a las puertas del convento que nadie podía echarlas de "su casa" precisamente porque el derecho canónico no está por encima del civil.

De ahí que, aclarada a juicio de Iceta cualquier duda respecto a la titularidad y propiedad de los inmuebles y los bienes de los monasterios, "no tiene sentido la constitución de comisión alguna". Rechazaba así la vía de diálogo planteada por las exmonjas, con un bufete de abogados cántabro como mediador, al considerar que no hay nada que negociar en este sentido. "¿Sobre los inmuebles? Cúmplase la ley", reclamaba, tras insistir en que es "clara y taxativa".

Saldos "realmente bajos" en las cuentas

En paralelo, desde que Roma le nombrara comisario pontificio, Iceta ha asumido el papel de "escrupuloso" administrador que entraña tal título. Como tal, ha accedido, aunque de manera parcial, a las cuentas corrientes en activo de la comunidad, un total de diez en las que apenas hay "5.000 o 6.000 euros", detallaba el arzobispo, sorprendido por encontrarse un saldo "realmente bajo" para los gastos que la gestión ordinaria de los monasterios precisa.

Tal es la situación de escasez con la que se topaban los profesionales a los que la comisión gestora liderada por el prelado encomendaba esta supervisión que será preciso "inyectar liquidez" de manera inmediata. "La Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha previsto transferir fondos de otros monasterios para que haya dinero suficiente con el fin de hacer frente a los pagos ordinarios", relataba el prelado.

Se desconoce, no obstante, la razón de tal escasez. Eso sí, no han podido constatar movimientos irregulares de capital previos a su acceso a estas cuentas, algo que, de hecho, se descarta a priori, según aclaró Iceta. Con todo, la visión que tienen de la situación económica es "muy incompleta" todavía, pues "falta mucha documentación, muchas piezas del puzle". "No se aprecia ninguna anomalía y el dinero obtenido al hipotecar el convento de Derio se ha empleado en pagar las obras efectuadas en el de Orduña", añadía por su parte Rodrigo Saiz, director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzobispado de Burgos.

Para completar el rompecabezas reclamaban el pasado 22 de junio a "doña Laura García de Viedma" -que así se refieren ahora a la exabadesa, al perder su condición de religiosa- toda la información económica "necesaria para el sostenimiento de la vida ordinaria y el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y fiscales que afectan a los monasterios". Precisaba al hilo el arzobispo que, de momento, no han tenido acceso a los contratos del personal o a los documentos que acrediten la naturaleza de la relación laboral de las propias religiosas responsables de la elaboración y venta de dulces. Esta petición abunda en la ya formulada el 6 de junio por los miembros de la comisión gestora, a los que echaron del convento.

Restablecimiento de la vida monástica

En cualquier caso, más allá de los peliagudos asuntos inmobiliarios y económicos, lo que más preocupa a Iceta es "el cuidado de las hermanas mayores". Si bien le consta que reciben las atenciones  necesarias en el plano asistencial, insistía hoy en la necesidad de que estas hermanas reciban los sacramentos y el apoyo espiritual católico al que tienen derecho: "Es una prioridad". Confirmaba además que ha tenido contacto con los familiares de estas, preocupados como están por la situación en la que se encuentran sus parientes.

"Nos interesan las personas, no las piedras", añadía, para aclarar que varias hermanas clarisas de otros monasterios se trasladarán a Belorado para hacerse cargo de esta labor. Será, pues, necesario que sus actuales moradoras les permitan acceder "para que la vida monástica católica sea restablecida convenientemente y siga viva en esta comunidad" conformada en la actualidad por las cinco hermanas mayores y otras tres que, pertenecen a ella, aunque en este momento no se encuentran en el cenobio beliforano. En apenas 48 horas, tres conventos de distintos puntos de España se han ofrecido para tal labor.

Iceta también ha mantenido continuo diálogo con la Santa Sede en relación con el cisma de Belorado. El arzobispo garantizaba que el Vaticano está perfectamente informado de cada paso dado, pues él, como trabajador al que Roma le ha encomendado una misión, debe actuar conforme a sus directrices. No sabe, sin embargo, si el propio papa Francisco conoce los pormenores del asunto. 

La parábola del hijo pródigo

Junto con las excomulgadas deberán abandonar las dependencias Pablo de Rojas y José Ceacero, a los que ya se prohibía la estancia en ellas hace cuatro semanas vía burofax, orden que se reiterará judicialmente dado el caso omiso que los interpelados han hecho de la petición remitida. Estos "tendrán un trato distinto a las exmonjas", ya que "su situación no tiene nada que ver", advertía Iceta, que prefería no responder a las críticas vertidas por ambos hacia su persona. 

Afirmaba incluso que rezará por ellos, como lo hace por las hermanas cismáticas, a las que la Iglesia católica -que ellas consideran conciliar- mantiene las "puertas abiertas" con la esperanza de que en algún momento "sean conscientes de la verdad de su realidad y emprendan el camino de vuelta a casa, como expresa de modo consolador la parábola del hijo pródigo, donde serán acogidas con amor y misericordia". Indicaba en este sentido el prelado que la excomunión siempre es reversible, si el implicado quiere emprender ese camino personal de regreso.

Por otra parte, en cuanto a la resolución pacífica y extrajudicial que propone el grupo liderado por Laura García de Viedma, el arzobispo se mostró de acuerdo en el primer punto, pero recordó que la vía judicial "la abrían ellas al denunciarme" y ahora "si no se avienen a la ley, un juez tendrá  que hacer que prevalezca".

En todo caso, Iceta insistía en que "no hay plazos concretos" para efectuar los próximos movimientos: "No queremos precipitarnos y preferimos ser respetuosos. Tendremos paciencia, por supuesto, pero esta también tiene que dar paso a acciones", apostillaba.