Las exmonjas echan al falso obispo y al cura 'barman' de Belorado

El autoproclamado obispo Pablo de Rojas y su acólito, el llamado cura 'barman' José Ceacero, han abandonado el Monasterio de Santa Clara de Belorado. Así lo asegura el medio digital Vida Nueva, que sostiene que las propias exmonjas los habrían expulsado de las dependencias tras la reunión mantenida el pasado lunes con su equipo jurídico.

Al parecer, según la información publicada, los profesionales del bufete de Sarabia y Asociados, GTRS y el notario Florentino Aláez "les habrían abierto los ojos sobre la realidad de los promotores de la Pía Unión San Pablo Apóstol". Este periódico ha tratado sin éxito hasta el momento contactar con Rojas y Ceacero para confirmar su marcha.

En concreto, según Vida Nueva, desde que el equipo asumiera la representación jurídica de la comunidad cismática ha llevado a cabo un análisis de la situación en la que se encuentran los bienes inmobiliarios y financieros de las religiosas. Además, esta auditoría se destinaba también a recopilar "información suficiente que llevaría a dejar al descubierto al fundador de la Pía Unión y a su portavoz", lo que convencía a las religiosas excomulgadas para tomar medidas.

La marcha del falso obispo y el cura 'barman' de Belorado se produce tras la comparecencia pública del arzobispo de Burgos y comisario pontificio nombrado por la Santa Sede para gestionar el convento, Mario Iceta, en la que instaba a las exmonjas a abandonar el cenobio en "fechas próximas". De lo contrario, se emprenderán acciones legales para forzar su salida, una vez que ellas "libre y voluntariamente" expresaban su deseo de abandonar la Iglesia católica y, por extensión, la congregación a la que pertenece el inmueble.

Provisión de fondos

Al tiempo que se difundía esta sorprendente novedad, el Arzobispado de Burgos ha dado a conocer el ingreso de 20.000 euros en las cuentas del monasterio para poder afrontar los pagos pendientes. El comunicado remitido a tal efecto precisa que, tras hacer público el saldo "realmente bajo" de las cuentas a las que la comisión gestora conformada por Iceta había tenido acceso, durante la noche del 25 de junio se recibían diversas facturas y nóminas de empleados, a través de varios correos electrónicos remitidos por doña Laura García de Viedma, sor Isabel de la Trinidad antes de ser excomulgada. 

El estudio detenido de esa documentación permite conocer que "las facturas de servicios prestados con anterioridad al nombramiento de comisario pontificio, ascienden a un importe total aproximado de unos 11.000 euros, relativos a mantenimiento eléctrico, cartonería y materia prima para la elaboración de productos de repostería". Estos pagos "se tratarán con quienes han emitido las citadas facturas".

Por otra parte, la administración de la comisión gestora va a hacer frente al abono de aquellas facturas de servicios y suministros ordinarios, así como de las correspondientes a servicios precontratados que se estiman necesarios para la vida ordinaria de la comunidad.

También se pagarán "once nóminas, por un importe aproximado de 9.800 euros, además de las obligaciones con la Seguridad Social correspondientes", según detalla la nota difundida por el Arzobispado de Burgos.

Ante la insuficiencia de los saldos en las cuentas bancarias, tal y como avanzaba Iceta antes de conocer estos detalles, "es necesaria la aportación de fondos por parte de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu". Esta práctica, según se indicaba el pasado lunes, es habitual, pues los conventos de una misma orden suelen ayudarse entre sí cuando los ingresos no cubren los gastos.

Iceta ha recordado, además, a la exabadesa la obligación que tiene de remitir a la comisión que él preside toda la información económica, laboral y fiscal necesaria para el desempeño de su cometido.

Cabe destacar que hace apenas una semana las religiosas cismáticas publicaban en sus redes sociales un documento en el que denunciaban la intromisión de Iceta en sus cuentas y se negaban a solicitar dinero para afrontar los gastos de la comunidad por considerar que tal petición supondría reconocer la autoridad del prelado sobre ellas. 

Si bien el Arzobispado, en respuesta, desvelaba que sí habían reclamado que se les sufragara un servicio de seguridad privada, dada la presencia masiva de medios de comunicación en los alrededores del convento, el reciente envío de las facturas y los contratos citados por parte de García de Viedma puede entenderse como una 'rendición' en este sentido, dada la escasez de fondos con los que al parecer cuentan las exclarisas.