PP y Vox sacan adelante su Zona de Bajas Emisiones en Burgos

Se acabó el culebrón, aunque todo parece indicar que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Burgos dará para más temporadas dado el choque frontal de posiciones entre el bipartido PP-Vox y el PSOE. De momento, la normativa entrará en vigor tras su aprobación este viernes en el pleno municipal. Como era de esperar, los cruces de reproches entre ambas bancadas han sido constantes durante el debate. 

Antes de entrar en materia, el concejal de Movilidad, José Antonio López, ha cargado duramente contra los socialistas al señalar que el proyecto planteado en el anterior mandato era una «tremenda chapuza de dimensiones colosales». La opinión de su partido al respecto, en sintonía con los postulados de Vox, alude básicamente a que el modelo del PSOE «restringe la libertad de las personas», de ahí que su formación recurriese a los tribunales. 

Con una sentencia favorable y con el PP en el Gobierno, López ha defendido la «tramitación modélica» de una normativa cuyas alegaciones han sido rechazadas por los técnicos municipales y no basándose en criterios políticos. En este sentido, ha acusado al grupo socialista de promover una «intervención salvaje» que hubiese limitado el acceso del 96% de la flota de vehículos de la ciudad. Por otro lado, ha asegurado que la ZBE «atrae 86.528 viajes diarios», la gran mayoría de personas no residentes en la zona delimitada. 

Desde Vox, con un guion prácticamente idéntico al de sus socios de Gobierno, el concejal de Comercio, Raúl Martínez, ha insistido en que el PSOE aspiraba a «restringir la libre circulación de personas por el mero hecho de vivir en una ciudad que ya había hecho su tarea con anterioridad». Además, ha subrayado que Burgos, por mucho que supere de largo los 50.000 habitantes, nunca ha sobrepasado los límites de contaminación. A su juicio, se ha hecho «demagogia» a la hora de defender el «cuidado del medio ambiente» sin tener en cuenta que se impediría el acceso a «más de 70.000 burgaleses» cuyos vehículos carecen del distintivo exigido. 

Para el PSOE, tanto el PP como Vox han demostrado una «falta de conocimiento básico» debido a su desinterés en «mejorar el medio ambiente y la salud de los ciudadanos». En este sentido, el socialista Julio César Arnáiz ha hecho hincapié en que el modelo keynesiano aplicado a raíz de la pandemia del covid-19 trajo consigo los fondos Next Generation, una suerte de New Deal con el objetivo de «reactivar la economía mundial». Dicho esto, ha puntualizado que «que hacer coincidir la Zona de Bajas Emisiones donde ya no hay contaminación es de una deslealtad institucional sin precedentes», amén de considerar que el bipartito trata de «acceder a fondos europeos haciendo trampas».

Respondiendo a los alegatos a favor de la libertad sobre los que tanto se amparan desde el PP y Vox, Arnáiz ha alertado sobre el «paradigma del capitalismo aplicado al urbanismo», de tal manera que «se valoriza el centro y la clase trabajadora se tiene que ir desplazando a periferias que son anti-ciudad». El problema, a su entender, es que este modelo no se traduce en grandes masas poblacionales y «se impide que en los bajos se genere comercio». Por lo tanto, «se obliga a que vayan en coche» a quienes residen en dichas zonas».

Más allá del debate filosófico, que Arnáiz cerraba remarcando que «la libertad no es que pueda llevar el coche donde quiera, es que no tenga dependencia del coche», los socialistas están plenamente convencidos de que «no vamos a cumplir los objetivos que la verificación posterior va a exigir y entonces van a venir los disgustos». López, por su parte, ha matizado que la ZBE no está exenta de revisiones y posibles modificaciones. «Si no se cumplen objetivos en tres años se podría revisar y ampliar», ha sentenciado antes de apostillar que reducirla sería difícil».