Movilidad «luchará» para retener los fondos de la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento «luchará hasta el final» para evitar cualquier recorte de los fondos europeos destinados a la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones. Con contundencia lo aseveraba el concejal de Movilidad, José Antonio López, responsable del proyecto. Afirmaba que empleará todos los medios legales a su alcance para que no se produzca merma alguna de la financiación y detallaba que, de plantearse por parte del Gobierno central una reducción, «intentaremos negociar, pero si no nos dejan otra solución, evidentemente no nos quedará otro remedio que acudir al juzgado».

Con todo, lanzada tan contundente advertencia, López opinaba que tal recorte «no debiera producirse» en la capital burgalesa «desde el punto de vista técnico y jurídico», pues nada tiene que ver su situación con la de otras ciudades a las que el Ministerio de Transportes y Movilidad ya ha cursado el requerimiento de devolución de los fondos. En todas ellas se han minimizado o anulado carriles bici o sendas peatonales previstas con anterioridad a las elecciones municipales del año pasado, lo que dejaba sin efecto el objetivo de promover una circulación urbana sostenible que impulsa la ayuda europea en cuestión.

Podría entenderse que lo mismo ocurría en el Ayuntamiento de Burgos con el diseño de la Zona de Bajas Emisiones, paralizada en los juzgados y rediseñada por PP y Vox tras acceder al gobierno municipal para dejarla en mínimos. Sin embargo, el edil responsable del área defiende que los cambios producidos afectan a un proyecto previo, pues el espacio protegido no se llegó a aprobar antes de esta propuesta definitiva.

«Además, los fondos conseguidos en este ámbito afectan a muchas más iniciativas que sí se han efectuado como estaban previstas, como las peatonalizaciones de Gamonal o los nuevos carriles bici», añadía. «Entendemos que la circunstancia de Burgos es peculiar, pues ha habido un proceloso camino judicial que nos ha legitimado» para la realización del mapa finalmente acordado por las formaciones al frente del equipo de Gobierno municipal, rechazado, por cierto, por el PSOE, que en el anterior mandato planteaba una Zona de Bajas Emisiones mucho más amplia.

Los tribunales paralizaban aquel proyecto, a petición del PP, por carecer del sostén de una ordenanza municipal. Atender las indicaciones judiciales conllevó paralizar la contratación de los elementos de control imprescindibles para la puesta en marcha de la iniciativa, permitía a la coalición actual al frente del Ayuntamiento redimensionar su extensión y, de paso, supuso agotar buena parte del plazo otorgado por Europa para ponerla en marcha y poder recibir el dinero comprometido.

Hubo entonces que solicitar una prórroga al Ministerio de Transporte que concedió a finales de 2023. Estiraba el margen hasta el 31 de diciembre de 2024, límite que se aproxima sin que no siquiera se hayan adjudicado las obras necesarias. López reconoce que se estudia en la actualidad la posibilidad de solicitar una nueva moratoria para ejecutarlas.