El Arzobispado trabaja "con todos los escenarios" para que las exmonjas se vayan "lo antes posible"

Tras el parón estival y superado ya el mes de agosto, inhábil para todas las actuaciones judiciales, el Arzobispado de Burgos ha reactivado el proceso para expulsar a las religiosas excomulgadas del monasterio de Belorado. Así, fuentes de la institución diocesana afirman que se trabaja «con todos los escenarios posibles» para lograr que se vayan «lo antes posible». El desarrollo de los acontecimientos, no obstante, estará marcado por el contenido del informe elaborado por el Centro de Acción Social de la Diputación Provincial sobre la situación de las diez exclarisas en el ojo del huracán tras el cisma.

Este documento es clave en el potencial proceso de desahucio, ya que «en el caso de que las personas objeto del mismo estén calificadas como vulnerables -en riesgo de pobreza o exclusión social- este podría ralentizarse y complicarse».

Sea como fuere, más allá del desenlace, una vez redactado tal informe pueden darse los siguientes pasos para reclamar la salida forzosa de las religiosas. Cabe recordar que conviven en las dependencias del convento beliforano con otras monjas, estas aún católicas, de edad avanzada que, de hecho, serían las titulares actuales de las dependencias.

El proceso que desembocaba en el citado informe de vulnerabilidad arrancó a finales del mes de julio, cuando el propio Arzobispado reconocía haber requerido tal documento por formar parte «de los trámites previos necesarios antes de interponer una demanda de desahucio». 

Se acompañaba aquella noticia de un cruce de acusaciones entre las partes enfrentadas, al señalar la exabadesa y sus secuaces, en reiteradas ocasiones a lo largo del verano, al prelado burgalés Mario Iceta como el «causante de la ruina de los monasterios» que gestionaban hasta su marcha voluntaria de la Iglesia católica. 

Poco antes el Arzobispado exigía a las exmonjas que dejaran de confundir con sus declaraciones sobre la propiedad de los cenobios, que se arrogaban, y recordaba que al comisario pontificio (el propio Iceta) «como representante legal, le asiste el derecho de administrar los bienes muebles, inmuebles, dinerarios y financieros de los monasterios». Por ello, desde la Comisión Gestora se insistía en que es «una acusación falsa hablar de usurpación ilegítima de las cuentas bancarias, ni se requiere para ello procedimiento judicial».