La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas beneficiaría a 60.000 burgaleses

Los sindicatos mayoritarios han salido de nuevo a la calle este jueves 26 de abril con el objetivo de reivindicar la implantación de la jornada laboral de 37,5 horas semanales a partir de 2025. La movilización, de carácter nacional, ha sido respaldada en Burgos por cerca de 300 afiliados de Comisiones Obreras y UGT que se han concentrado a las puertas de la sede de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE). Desde allí, sus líderes han puesto de manifiesto que esta reivindicación, sobre la mesa desde hace tiempo, beneficiaría a alrededor de 60.000 burgaleses. 

Creen los sindicatos que ha llegado el momento de saldar una «deuda» histórica porque «desde hace 40 años estamos con la misma jornada laboral». En este sentido, el secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile, ha insistido en la necesidad de «transformar la sociedad» mediante la aplicación de medidas que, como esta reducción, afectan «positivamente» a los trabajadores en materia de «igualdad» y «conciliación». 

El problema, según denuncian, reside en el «bloqueo absoluto» por parte de la patronal. Frente a dicha postura, el secretario general de CCOO en Burgos, Juan Núñez, ha sacado a relucir los datos recogidos por el Observatorio de Márgenes Empresariales en relación al aumento de la productividad entre 2018 y 2023, muy superior a la subida de los salarios en dicho periodo. La situación, por lo tanto, es «insoportable». 

Partiendo de la base de que el incremento de los salarios y los derechos de los trabajadores «no han ido en consonancia con los tiempos», Fraile ha advertido que tanto UGT como Comisiones piensan mantenerse firmes en su postura, tanto en las mesas de negociación como en la calle, para que la reducción de la jornada sea efectiva a partir del año que viene. En el caso de Burgos, como en la gran mayoría de municipios del país, la medida beneficiaría principalmente al sector servicios, sobre todo hostelería, comercio e incluso guarderías. 

Según ha detallado Núñez, en la provincia de Burgos se realiza una media de 1.756 horas anuales. En caso de aplicarse la reducción planteada, el cómputo rondaría las 1.712. Una «diferencia sustancial», ha enfatizado, que bajo ningún concepto puede conllevar una merma salarial. Máxime cuando la media en Burgos se sitúa en 23.000 euros al año. Y de nada sirve, tal y como ha esgrimido, lo mucho que «se alardea de que es el noveno a nivel nacional» porque «ningún trabajador va a alquilar una vivienda o hacer la cesta de la compra apelando a la media de su salario».

El objetivo, en cualquier caso, sigue siendo reducir la jornada laboral hasta las 35 horas semanales. Esa es la gran reivindicación que se quiere dar, paso a paso, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo responda y dé la cara frente a la patronal. Mientras tanto, ambos sindicatos tienen por delante otro frente de batalla. En concreto, el de las horas extras que no se pagan y que, según un reciente informe elaborado por Comisiones, afecta semanalmente a cerca de 420.000 trabajadores en toda España. 

Los datos recopilados por CCOO, entre ellos el de que 2,6 millones de horas extra se quedan sin pagar cada semana, reflejan un panorama de «esclavismo». Independientemente del sector en el que se registre esta problemática, Núñez considera que «con que haya un solo trabajador en esta situación, ya nos parece alarmante, degradante y delirante». Además, ha indicado que el informe de su sindicato advierte que «más de 3.000 millones de euros se han quedado en la cuenta de resultados de las empresas a nivel nacional y podrían haber dado lugar a 70.000 nuevos puestos de trabajo».  

En otro orden de cosas, Comisiones Obreras y UGT rechazan de pleno la propuesta que Vox defenderá este viernes en las Cortes de Castilla y León con el objetivo de reformar el Diálogo Social con el pretexto de incorporar a otros sindicatos y a los autónomos. A expensas de profundizar en su contenido, Núñez da por hecho que «no será nada razonable ni que nos pueda interesar» porque fue Vox, precisamente, quien dinamitó el propio Diálogo Social cuando gobernaba en coalición con el PP. Y no solo en el Parlamento autonómico, sino también en el Ayuntamiento de Burgos. 

En la misma línea, Fraile zanjaba que «todo lo relativo a Vox huele a rancio, es antiguo y no procede ninguna de sus propuestas». De esta forma, Comisiones y UGT han vuelto a cerrar la puerta a cualquier tipo de negociación -y mucho menos de acuerdo- con los de Santiago Abascal.