El Ayuntamiento anuncia acciones penales contra la empresa de las tarjetas de bus que adeuda 855.000 euros

El Ayuntamiento de Burgos acudirá a la vía penal por el «daño económico grave» que ha supuesto que la empresa Prepay Technologies S.A., que gestiona la red comercial de las tarjetas de transporte urbano, adeude una cantidad de 855.000 euros a las arcas municipales en concepto de las cantidades recargadas por los usuarios del autobús municipal.

El concejal responsable del área de Movilidad, José Antonio López (PP), ha informado de la situación, después de haber conocido el pasado 27 de septiembre un auto de inicio de concurso de acreedores por parte de la empresa zaragozana, si bien fue el 31 de julio cuando Prepay acude al juzgado correspondiente a dar ese paso y el 18 de septiembre se edita el auto. 

Desde su punto de vista, el Ayuntamiento de Burgos ha sufrido «indefensión» y considera que la institución ha sido víctima de «hechos claramente delictivos». Así, desde su experiencia como letrado, apunta como posibles delitos la apropiación indebida, la malversación de caudales públicos y un delito contra la hacienda pública.

López ha repasado que las irregularidades comenzaron el pasado abril, cuando se tiene constancia de un ‘hackeo’ en el sistema de recarga de las tarjetas del autobús urbano, que coincide con que se detectan impagos parciales por no haber ingresado con regularidad la recaudación.

A causa de los perjuicios del ‘hackeo’ para los usuarios, Movilidad tomó la medida de poner varios días la gratuidad del transporte público y hacia la empresa abrió un expediente de imposición de penalidades, que se aprueba en el Consejo del Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) el 9 de abril, «en el momento que se tiene constancia de los impagos». En aquel momento, la cantidad adeudada era de unos 548.000 euros, correspondientes a una parte de la recaudación de algunas quincenas de los meses de enero a abril.

Prepay Technologies S.A., que trabaja con el Ayuntamiento de Burgos desde el año 2013, no presentó hasta el mes de julio alegaciones al expediente abierto por los impagos y durante esos meses, según explica López, se producen varios pagos parciales de cantidades adeudadas. «Ingresó en las arcas municipales la recaudación de varias semanas de mayo, una quincena de julio, otra de agosto y tres semanas más de septiembre, la última el día 24, por un importe total de 710.000 euros», afirma el edil, que tiene en su poder los justificantes bancarios. Sin embargo, como se trata de pagos parciales, la deuda a día de hoy alcanza los 855.000 euros.

López insiste en que el área de Movilidad no se quedó parada desde abril hasta ahora, ya que se abrió el expediente de penalidades indicado, también se requirieron reuniones en diferentes momentos, incluso durante el verano y el Ayuntamiento obtuvo el silencio por respuesta. «Entendemos que la empresa está intentando, a pesar de pasar por dificultades financieras, cumplir con el Ayuntamiento y no es hasta final de septiembre cuando tenemos constancia de la existencia de ese concurso», apostilla.

Además de acudir a la jurisdicción de lo penal, Movilidad está emprendiendo otras acciones que parten del análisis e investigación de todos los pasos dados «desde el plano interno». Para proteger los intereses de la ciudad, se está trabajando en la preparación de un contrato de emergencia con otra empresa para la prestación del servicio hasta que se produzca una nueva adjudicación. Otras medidas son garantizar los saldos disponibles en las tarjetas y mantener el funcionamiento de los puntos de recarga de las tarjetas, tanto la red asistida como la no asistida. Según indica, «si hubiera que prescindir de algunos puntos de recarga, por razones técnicas los reforzaremos a través de otras vías para que los usuarios no salgan perjudicados».

La recuperación de la deuda es otra preocupación del equipo de Gobierno, aunque esta cuestión dependerá de la evolución del concurso de acreedores que, por ahora, no es liquidatorio.

En relación con el contrato de emergencia, especifica que costaría al Ayuntamiento 114.000 euros y que se ha hablado con la empresa Logista «que están dispuestos a hacerse cargo de servicio por esa cantidad».

El popular informa de que la última adjudicación del contrato de servicios con Prepay se produjo en diciembre de 2023, 10 años después de la primera, en cuanto que fue la única empresa que concurrió a la licitación. Según recuerda, en ese momento toda la documentación que obra en el expediente está acreditada y existe una propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación.