Tres concejalías, una tasa de ocupación de vía pública y el descontento de los comerciantes
Desde Movilidad, su concejal, José Antonio López, sostiene que la ordenanza prohíbe instalar objetos decorativos en la vía pública y que no hay medios para ordenar su retirada, mientras Hacienda cobra
El controvertido giro de la tasa de ocupación de la vía pública a comercios que tienen ubicados en su exterior elementos decorativos de cualquier tipo sigue generando polémica. Esta vez no entre los afectados, algunos han recibido recibos de varios años seguidos, sino de puertas para adentro entre varias áreas municipales.
Desde el Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt), su titular José Antonio López, asegura que atendiendo al articulado de la ordenanza de movilidad urbana sostenible, «todos aquellos elementos que se encuentran a una distancia menor de un metro ochenta de la fachada, invadiendo el itinerario personal accesible no se permiten». De hecho, las únicas cuatro peticiones que han llegado a Movilidad en los últimos meses fueron rechazadas.
Sin embargo, es una realidad que las calles de Burgos están sembradas de maceteros y pizarras, entre otros objetos decorativos, por los cuales desde Hacienda se cobra una tasa de ocupación de la vía pública, atendiendo a otra normativa municipal que pone precio al uso del suelo público. A su vez, las quejas de comerciantes a los que se les ha girado tasa correspondiente a varias anualidades han llegado a la Concejalía de Comercio, que tampoco es responsable de esos cobros, como indicó el edil Raúl Martínez.
López indica que excede de las competencias de Movilidad tanto la devolución de la tasa, en el caso de que no se pudiera cobrar porque no se pueden colocar elementos, como exigir la retirada de esas decoraciones. El popular asegura que en el caso de corresponder la devolución se debería acudir a la oficina de inspección y recaudación de tasas.
Según añade, «si hay un expediente que indique que un objeto se debe retirar porque incumple la normativa, es evidente que así se hará», asegura.
A la vez, indica que el Ayuntamiento «no dispone de medios para realizar funciones como exigir la retirada de objetos decorativos» y ve posible que se esté cobrando la tasa a establecimientos que usan de manera efectiva el suelo público, que ni siquiera han cursado la petición correspondiente al área de Movilidad.