Ayala califica de «estafa» los impagos de la empresa de tarjetas del bus
La alcaldesa afirma que los primeros se produjeron en el anterior mandato e insiste en que se investigará por qué los informes que avalaron contratar de nuevo a esta firma en diciembre de 2023 omitieron ese detalle: "Es evidente que ha habido un problema dentro del Ayuntamiento"
Una viajera paga el billete del bus con la tarjeta.
«Aquí lo que ha ocurrido es que una empresa ha estafado a este y a otros ayuntamientos», aseveraba contundente la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, cuestionada por los impagos de la firma responsable de gestionar las recargas de las tarjetas de los autobuses municipales, que tras meses de deuda al alza, hasta superar los 850.000 euros, entraba en concurso de acreedores. Hacía propias, además, las explicaciones del edil de Movilidad, José Antonio López, lanzabas ayer sobre los pasos que el equipo de Gobierno contempla dar para atajar lo que la regidora consideró un «grave problema». Recordaba además que la situación no es reciente y que no atañe solo al actual equipo de Gobierno, pues los primeros retrasos en el abono de las cantidades recaudadas se produjeron en el anterior mandato, «en mayo de 2023» concretamente.
Con todo, tal detalle convierte en, como poco, sorprendente el hecho de que, meses después, en diciembre del año pasado, se contratara a la misma empresa -única licitadora, también es cierto- para la gestión del servicio, que, por otra parte, venía asumiendo con nombres distintos desde 2013. Incidía Ayala en la necesidad de investigar por qué los informes técnicos de Movilidad que avalaron esta adjudicación omitieron los problemas de pago registrados previamente.
«Es evidente que ha habido un problema dentro del Ayuntamiento y tenemos que saber qué es lo que ha pasado», reconocía, para afirmar que «los políticos somos los últimos responsables, todo el equipo de Gobierno» en este caso. Aunque tampoco negó que vaya a tomar medidas en este sentido, sí que emplazó a esperar al resultado de la investigación que se lleve a cabo para ver dónde ha estado el fallo.
Este es uno de los cuatro ámbitos en los que trabaja ya el bipartito tras detectar en abril los primeros incumplimientos del contrato e iniciar el expediente para imponer penalidades a la empresa. El resto consisten, tal y como detalló López el pasado miércoles, en solicitar al administrador concursal que, a partir de ahora, los ingresos de la recarga de las tarjetas se dirijan directamente a las arcas municipales «para evitar que el agujero se haga más grande»; en garantizar la prestación del servicio con un contrato de emergencia a otra empresa y en denunciar por lo penal a la deudora.