El bipartito busca a los responsables técnicos de ocultar la deuda de la empresa de tarjetas del bus
El edil de Movilidad, José Antonio López, anuncia el inicio de una investigación "sin límite de plazo" para saber quién debió advertir de los impagos antes de renovar el contrato. Acusa al PSOE de omitir información, aunque la dinámica se remonta a 2017, con Lacalle al frente
El concejal José Antonio López, en una imagen de archivo junta a la alcaldesa, Cristina Ayala.
El Ayuntamiento ha iniciado la investigación interna anunciada ya la semana pasada como cuarta medida a tomar ante la abultada deuda generada por la empresa responsable de la gestión de las tarjetas del autobús urbano, Prepay, fruto de reiterados impagos parciales de la recaudación de las mismas.
Arranca este proceso cinco meses después de que, tras el 'hackeo' de la plataforma digital que sostiene este servicio, el edil de Movilidad, José Antonio López, tuviera conocimiento de una situación que, sin embargo, distaba de ser novedosa. Y es que la dinámica se remonta no solo al mandato anterior, que se cerró, según el concejal, con un importe pendiente de abono superior a los 300.000 euros, sino al año 2017, cuando por primera vez la empresa en cuestión comenzó a dejar de pagar en tiempo y forma.
Así, según detallaba el propio López, en aquel entonces comenzó a arrastrar un impago de varias mensualidades que al término de aquel ejercicio ascendían a 167.800 euros. Lo mismo ocurrió en 2018, que cerró con una deuda de 169.000 euros. La salda en 2019, que culmina con apenas 2.000 euros pendientes, para retomar los 'malos hábitos' en 2022, año en el que llegó a deber 181.000 euros, que ascendían a 300.000 seis meses después, cuando tuvo lugar el cambio de equipo al frente del Ayuntamiento.
Arremetía en este sentido el concejal contra el PSOE, por "omitir esta situación" en el traspaso de poderes y por abstenerse en abril de 2024, tras conocer el 'agujero' económico por esta causa, de respaldar el inicio del procedimiento de penalidades. "¿Qué interés tenía en no multar a la empresa?", se preguntaba, para reconocer, no obstante, acto seguido, que no sabe si, al igual que ocurrió antes y después del mandato socialista, los responsables de aquel momento desconocían esta dinámica.
La ignoraban de hecho los integrantes de la mesa de contratación que, ya con PP y VOX al frente del Ayuntamiento, decidían renovar el contrato con Prepay en diciembre de 2023. Órgano en el que, por cierto y en contra de lo afirmado la semana pasada tanto por López como por la alcaldesa, Cristina Ayala, sí estuvo presente el concejal. Pedía disculpas por el error. Defendía, con todo, que "se realizó con todos los informes favorables". "El documento iba libre de polvo y paja, sin referencia alguna a que la deuda superaba a finales del año pasado los 540.000 euros. Para evitar la renovación debiera haber habido algún documento o certificado de los incumplimientos para no adjudicar el servicio a la empresa y los técnicos no alertaron de ello", explicaba.
La investigación iniciada - de la que se desconoce quien asumirá la instrucción, los pasos a dar y los plazos, a tenor de las respuestas ofrecidas por el edil de Movilidad- buscará, pues, esclarecer qué eslabón de la cadena municipal falló y permitió con su silencio renovar un acuerdo a todas luces lesivo para el Ayuntamiento, pues permitía crecer la deuda existente entonces hasta los 855.000 euros actuales, con la empresa ya en concurso de acreedores y el consecuente incierto horizonte de cobro.
"Si hubiera tenido conocimiento en ese momento de la situación, ese contrato no se habría firmado", insistía López, para considerar que no existe responsabilidad política alguna, frente a las afirmaciones recientes de la propia alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien al hilo de esta polémica aseveraba que, "en todo caso, los últimos responsables" de la gestión municipal "somos los políticos". Preguntado en concreto por si contemplaba dimitir, tal y como le ha reclamado el PSOE, contestó con evidente sorna que "si cada vez que lo piden se fuera alguien del equipo de Gobierno, no quedaría nadie en la lista del PP".
Esta investigación completa el listado de medidas concursales, administrativas y jurídico-penales puestas en marcha por el Ayuntamiento, fruto de una estrategia que, según el concejal, comenzó a fraguarse en abril, cuando se supo de la situación. Restó importancia en este punto a la "notificación vía correo electrónico" que él mismo recibió en febrero de 2023 que le alertaba de un retraso en el pago de la segunda quincena de enero de 85.000 euros, precisamente los primeros días tras rubricarse el nuevo contrato.
Tampoco el reiterado abono incompleto de los meses posteriores (incluido septiembre) aceleró una ruptura con la empresa, pues, "como venían realizando pagos parciales de las cantidades, nada hacía presagiar que estas circunstancias se podían dar", subrayó, para añadir, en su defensa, que "yo no puedo resolver un contrato a las bravas, me tengo que someter a lo que digan los técnicos".