El PSOE afirma que el agujero de las tarjetas de bus es "solo del mandato de PP y VOX"

De "espantoso ridículo" calificaba el concejal socialista Josué Temiño la participación del responsable de Movilidad, José Antonio López, en el consejo de administración del servicio municipal celebrado ayer. Más allá de tener que dejar sobre la mesa tres de los cuatro puntos incluidos en el orden del día por carecer de la documentación pertinente, el peso de la sesión se concentró en las explicaciones sobre el agujero económico creado por los reiterados impagos de la empresa adjudicataria de la gestión de la recarga de las tarjetas de bus, PrePay, desde septiembre en concurso de acreedores.

Según el edil del PSOE, la reunión sirvió para acreditar que los más de 850.000 euros de deuda actual "corresponden solo al mandato actual de PP y VOX" y nada tienen que ver, insistió, con los anteriores, "a los que parece que quieren culpar de su incapacidad". Consideraba Temiño que López tiene una "obsesión enfermiza" con los socialistas, contra los que el 'popular' arremetía por haber ocultado la dinámica de impagos de la empresa. No obstante, el concejal de la oposición explicaba que, lejos de tener cualquier interés en omitir datos, "nosotros ya estábamos descontentos con su gestión y desde que finalizó el anterior contrato, en diciembre de 2021, nos dedicamos a elaborar los nuevos pliegos, que les dejamos listos y publicados en el perfil de contratación".

Respecto a los 300.000 euros de deuda que PrePay acumulaba al término del anterior mandato, indicó que al carecer de contrato en vigor entre 2022 y 2023 los cobros se hacían vía reconocimiento extrajudicial, procedimiento administrativo que implica un "largo periplo por distintos servicios que suele generar retrasos".

Así, proseguía Temiño, el bipartito actual "solo tenía que resolver el procedimiento y adjudicar el contrato". Se lo dieron a la misma firma -la única que presentó oferta, por otra parte-, que empezó a "causar problemas desde el primer momento". Y es que, según denunció el socialista, López conoció ya en febrero que PrePay debía dinero, pero ignoró la alerta. 

En marzo de 2024, según relataron los técnicos de Movilidad en el consejo de administración, la empresa procedía a abonar las deudas pendientes del ejercicio anterior, cuando operaba sin contrato, superiores a 500.000 euros. En paralelo, la vinculada al nuevo acuerdo recién rubricado -que entró en vigor a mediados de enero- crecía sin parar y motivaba en abril la propuesta de un expediente de imposición de penalidades por importe de 60.000 euros que nunca se acabó de tramitar, pues las alegaciones de la empresa se quedaron sin responder.

En este punto quiso el concejal del PSOE hacer especial hincapié, en respuesta a las sospechas vertidas por López sobre su abstención ante tal medida sancionadora. "Sí, nos abstuvimos. Pero no porque no estuviéramos de acuerdo, sino porque la propuesta carecía de información alguna y no podíamos apoyarla así. De hecho, en aquel momento ni siquiera se nos comunicó que apenas un mes antes se habían pagado los 540.000 euros pendientes", detallaba Temiño, para cuestionar en todo caso el tiempo transcurrido desde entonces, cuando ya la situación era tan preocupante como para tomar las medidas que se aprobaron con los votos favorables de PP y VOX, y ahora, con una deuda que roza los 900.000 euros y la empresa en concurso de acreedores. "Fueron incapaces incluso de cobrar los 60.000 euros que pedían", criticaba.

Es más, el socialista trasladó que los técnicos municipales explicaron en la sesión de ayer que, en vista de que la situación empeoraba, en julio platearon la necesidad de imponer una nueva penalidad por una cuantía de 500.000 euros. "¿Por qué no se hizo? Suponemos que porque el equipo de Gobierno estaba de vacaciones", lamentaba.

El propio Órgano de Gestión Tributaria cuestionaba, de hecho, en un informe fechado en septiembre la inacción ante la deuda creciente, de la que Tesorería no tuvo conocimiento hasta agosto, y reprochaba que de haberse actuado con mayor celeridad podrían haberse buscado soluciones. "Le preguntamos a López por esto y nos responde que no conoce ese documento, cuando la realidad es que está en el expediente que ayer se trató en el consejo de administración", aclaraba, Temiño, que salía de la reunión con más preguntas que respuestas.

"Todo fueron explicaciones nulas o vagas, como él. ¿Quien recauda a día de hoy el dinero de las tarjetas? Nos dice que PrePay, algo incomprensible. ¿Pero quién ha de dar cobertura en caso de incidencia? Asegura que el administrador concursal. ¿Cómo es posible? ¿Ya se ha trasladado a esta figura que en todo caso ese dinero es del Ayuntamiento? Y nos dicen que preguntemos en Asesoría Jurídica. Al final, esa fue la respuesta a cada pregunta concreta", relataba el edil del PSOE como ejemplo de lo improductivo del encuentro. 

Tampoco lograron saber quién dirigirá la investigación interna, que se llevará a cabo, eso sí, desde Personal, ni por qué no se optaba por rescindir el contrato tras conocer los primeros impagos. Sobre los próximos pasos a dar, Temiño indicó que "parece ser que están en contacto con una empresa que podría asumir la gestión en tres meses". 

El socialista insistía en exigir a López su dimisión. Rogaba al respecto que deje de culpar a medios de comunicación, funcionarios y a la oposición de algo que es "responsabilidad suya" tras 16 meses en el cargo.