Ayala hace valer su mayoría y la investigación sobre la deuda de las tarjetas del bus se queda en lo interno

El equipo de Gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos ha frenado la propuesta socialista de constituir una comisión especial de investigación sobre el contrato de gestión de la red comercial de las tarjetas de transporte urbano que acumula una deuda de 855.000 euros.

El bipartito ha hecho valer la mayoría de 15 concejales sobre los 12 del PSOE para rechazar la iniciativa, pero no han parado un extenso debate en el que el concejal Josué Temiño ha reclamado la dimisión «por activa o por pasiva» del concejal de Movilidad, José Antonio López, al que carga la responsabilidad de lo que ha pasado con este contrato.

Las comisiones especiales de investigación, que se han desarrollado en otros mandatos, incluido en el socialista a partir de la destrucción de documentos de la Sociedad de Aguas, están recogidas en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Burgos y permiten la participación de todas las formaciones políticas representadas en el pleno. Es precisamente una de estas comisiones la que planteaban los socialistas, que han recibido como respuesta que la investigación que se realice será de carácter interno entre las áreas de Movilidad y Personal.

«No eviten nuestra presencia, no eviten ser transparentes y no eviten actuar con luz y taquígrafos para llegar al fondo concreto de este asunto», argumentó Temiño, que fue duro contra López, por la falta de explicaciones en los consejos sobre lo sucedido con este contrato desde que se firmó el último con la empresa Prepay en diciembre de 2023, aunque venía desde 2013 desarrollando las tareas de gestión de recaudación de las recargas de las tarjetas del autobús.

De esta manera, lanzó una batería de preguntas esperando alguna contestación más concreta y no como ocurrió en la reunión de movilidad en la que todo se quedó en el «limbo». «¿Qué se está haciendo desde que se destapó este escándalo? ¿Qué pasos ha dado este Ayuntamiento? ¿Nos hemos puesto ya en contacto con ese administrador concursal? ¿Dónde está yendo, a día de hoy, el dinero que los burgaleses recargan en esas tarjetas? ¿Se va a rescindir el contrato? ¿Se va a hacer una modificación como se nos planteó en el consejo?». En relación con esto, merece la pena indicar que al finalizar el Pleno el PSOE preguntó sobre si se estaban detectando «fallos intermitentes en las máquinas de recarga, así como en las que se hacen online». En respuesta, López indicó que se estaba estudiando la situación.

Desde el equipo de Gobierno, tanto la portavoz Andrea Ballesteros como José Antonio López respondieron a la intervención socialista. Por parte de la primera, se indicó cuáles son los aspectos en los que se trabaja desde el bipartito para resolver la situación en la que se ha pasado desde los impagos, a los pagos parciales hasta que la empresa ha presentado un concurso de acreedores, que complica al Ayuntamiento de Burgos la recuperación de la deuda.

Ballesteros alegó que desde el ámbito concursal, «una vez conocido el concurso de acreedores en el que está asumido la empresa» se ha contactado con la administradora concursal «para que los pagos realizados con posterioridad a la fecha de inicio de la situación concursal no se los quede la empresa».

En el campo administrativo se está preparando un contrato de emergencia con otra empresa para que el servicio siga prestándose con normalidad y en el penal se presentará una demanda por lo que se considera «una apropiación de una cantidad ingente de dinero procedente de los bolsillos de los burgaleses».

Además, sobre la investigación interna, la portavoz aseguró que se revisarán los procedimientos de contratación con esta empresa, así como los pasos que se dieron cuando se detectaron impagos en relación con la apertura de un expediente de penalidades contra Prepay. «Queremos conocer en detalle si algún paso dentro del procedimiento de contratación y de pago se ha podido dar de forma incorrecta con el fin no de hacer una caza de brujas, como quieren ustedes», aseguró Ballesteros, que calificó las comisiones especiales de investigación de «circo mediático».

El concejal de Movilidad, por su parte, como ya había comentado en alguna rueda de prensa posterior a conocerse la situación, se escudó en que la empresa adjudicataria ya venía retrasando pagos en anteriores mandatos, en referencia a la época de PSOE y Ciudadanos. Según concretó, «siempre ha habido problemas de puntualidad en los pagos, ante los cuales el Ayuntamiento no toma medidas porque se confía en que la empresa iba a seguir pagando». Y acusó a los socialistas de «mentir» porque nunca tomaron medidas de rescindir el contrato que fue de 2018 a 2021. Así, dedicó a De la Rosa estas palabras: «Cuando usted sale de la Alcaldía, la empresa de las tarjetas de autobús adeudaba a las arcas municipales 300.000 euros».

Después de que López tratara de repartir responsabilidades con el Partido Socialista, insistió en que el PP no es favorable a una comisión de investigación porque «a ustedes no les preocupa el dinero que Prepay debe a los burgaleses, como no les preocupó durante su mandato. Usted lo que busca es el show mediático, sacar rédito político y enfangar».

Temiño volvió a la carga, asegurando que toda la responsabilidad de la actual deuda y del contrato la tiene el edil de Movilidad con un «agujero» de casi 900.000 euros. Desde el punto de vista del socialista, el bipartito de Ayala «debe asumir ya las responsabilidades porque llevan un año y cuatro meses en el Gobierno y deben de dejar de echar la culpa a la oposición».