Polémica por los espacios privados de uso público. Vecinos acuden al Procurador del Común

Las comunidades de propietarios de las calles José Luis Santamaría y Luis Rodríguez Arango, en el entorno del bulevar ferroviario, han trasladado al Procurador del Común su reclamación por el mantenimiento de las zonas privadas de uso público, ante la falta de contestación por parte del Ayuntamiento de Burgos.

Su queja está admitida a trámite y pendiente de contestación y, en ella, reclaman al defensor del pueblo de Castilla y León su mediación para que el Consistorio asuma «de manera inmediata» los costes de mantenimiento de una pequeña plaza interior, común a varios bloques residenciales, así como la iluminación y la limpieza de este espacio privado de uso público. En la capital burgalesa se contabilizan hasta 200 espacios privados de uso público, que abarcan alrededor de 300.000 metros cuadrados.

El malestar de estos vecinos se acrecienta por la falta de contestación a sus escritos por parte del equipo de Gobierno, ya que en julio de 2023, hace más de un año, solicitaron una reunión con responsables de la Concejalía de Medio Ambiente para exponer la situación de «suciedad y deterioro con especial incidencia en los jardines y en el parque infantil».

De esta manera, conocedores de la propuesta incluida en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada de manera inicial el 17 de marzo de 2023, que cambia el concepto en lo que respecta al mantenimiento de este tipo de vías y plazas, buscan la ayuda del Procurador del Común.

Los propietarios de las viviendas de las comunidades señaladas se hacen cargo de pagar la factura eléctrica de las farolas, el agua que se usa para regar las zonas verdes y la limpieza de la plaza, así como del mantenimiento del parque infantil y de todo el conjunto en general. Todo ello representa más de 6.000 euros anuales que pagan los vecinos, a través de las cuotas del recibo de la comunidad.

En su escrito al Procurador del Común, contemplan también la posibilidad de que el Ayuntamiento de Burgos autorice el cambio de calificación que elimine el uso público de estos bienes para tener la consideración de dominio privado de uso privativo. Es decir, en el caso de que la ciudad no se haga cargo del mantenimiento de esta zona de uso público, solicitan cerrar la plaza y, de esta manera, seguir haciéndose cargo del mantenimiento, pero con la seguridad de que el uso público no la deteriorará.

La redacción del PGOU recoge en su artículo 131 específicamente que la ciudad se hará cargo de la limpieza, el riego y mantenimiento de los jardines y árboles, de la factura eléctrica y el cambio de luminarias, así como la conservación de los pavimentos, que implica la renovación de baldosas, la limpieza y baldeo. En resumen, la administración local se haría cargo del día a día de estas calles y plazas, pero en el caso de una reforma de más calado ya entrarían en juego las comunidades porque se mantendría esa calificación de uso público en superficie.

Los vecinos de esta zona cercana al bulevar recuerdan que existen varias sentencias que han condenado al Ayuntamiento de Burgos, desde hace años, a hacerse cargo de la conservación de los espacios privados de uso público.

De hecho, estos fallos judiciales se tuvieron en cuenta a la hora de redactar de nuevo el artículo 131 antes mencionado. A la vista de esta modificación, lo deseable sería que desde Urbanismo se contase con una partida presupuestaria para abordar las obras dentro de una planificación por años. Una cuestión que ni siquiera ha sido abordada y la modificación del PGOU sigue sin estar aprobada de manera definitiva, a pesar del tiempo transcurrido desde el visto bueno inicial.

En concreto, las comunidades se refieren a sentencias de los años 2018, 2016 y también del 2005 sobre casos concretos en los que se falló a favor de otros vecinos que demandaban al Ayuntamiento de Burgos arreglos en sus calles y plazas. Entre ellas, se encuentra una en relación con las calles Santa Clara, 51 y 53 de Burgos. «El fallo determinó en sus fundamentos de derecho que en este caso no hay duda alguna de que, como mínimo, el bien es un espacio privado de uso público y en estas circunstancias el deber de mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Burgos».