Ballesteros defiende a las asociaciones de inmigrantes, pero no ve «chantaje» en la exigencia de Vox

«Creo y defiendo la labor de estas tres entidades (por Burgos Acoge, Atalaya Intercultural y Accem) por su trayectoria desde hace ya muchos años en la ciudad». Estas son las palabras de la portavoz del PP y presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros (PP), para expresar lo «difícil» que es para ella aceptar la 'penúltima'  imposición de Vox en el presupuesto municipal para 2025, que este año exige recortes relacionados con las ayudas a asociaciones que trabajan con inmigrantes.

Después de que el año pasado los socios del Gobierno del PP, de la formación de Santiago Abascal, metieran tijera en las ayudas a las ONG de Cooperación al Desarrollo (se redujo el presupuesto en un 50% con respecto a años anteriores), en esta ocasión para dar su voto a favor del presupuesto sacrifican las subvenciones que reciben tres de las cuatro asociaciones que trabajan en la ciudad con inmigrantes.

Cáritas es la única que salva su aportación que ronda los 19.000 euros. Sin embargo, otros 119.000 euros que se reparten entre Burgos Acoge (78.000), Accem (28.000) y Atalaya Intercultural (13.000) se quedarán sin la ayuda municipal para sus programas de acogida e integración de personas inmigrantes.

Ballesteros desconoce los motivos por los que Vox respeta a Cáritas y no al resto de entidades, cuando otras dos de ellas también son de carácter católico. La tercera, Burgos Acoge, tiene vinculación con la concejala socialista Sonia Rodríguez, que trabaja de abogada para la entidad. De hecho, la portavoz del PP invita a preguntar a los concejales de Vox por las razones de su propuesta.

La popular no considera esta demanda un «chantaje», sino que argumenta que es fruto de una negociación para sacar el próximo presupuesto adelante en la que las dos formaciones políticas (PP y Vox establecen sus prioridades). A este respecto, la alcaldesa, Cristina Ayala, ha indicado en una entrevista en la Cadena Ser de Burgos que «gobernamos gracias a Vox».

A preguntas de los periodistas, tras la reunión de la Junta de Gobierno, sobre cuáles son los límites hasta los que aguantará el PP este tipo de exigencias, la portavoz popular ha dicho: «los límites los vamos a marcar de momento a momento». Ballesteros que ha indicado que ha habido otras propuestas de Vox incluidas en las cuentas presentadas esta semana por el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha señalado que esta cuestión relacionada con los Servicios Sociales fue de las últimas, aunque no ha precisado qué otras han impuesto.

Estos 119.000 euros que pierden las asociaciones mencionadas, irán a parar al capítulo dos (gastos corrientes) y, por tanto, no se trasladarán a otros convenios concretos.

Lo cierto es que las políticas relacionadas con la inmigración vuelven a separar a los partidos que conforman la coalición que preside el Ayuntamiento de Burgos. Es conocida la polémica que se levantó cuando Vox, con los concejales Fernando Martínez-Acitores e Ignacio Peña, anunciaron que la Policía Local iba a vigilar el «empadronamiento ilegal de inmigrantes», entre un listado de medidas que causaron un importante revuelo y una brecha en el equipo de Gobierno. Aquellas declaraciones del vicealcalde fueron calificadas de «xenófobas» por cargos nacionales del PSOE, como la ministra de Migraciones, Inclusión Social y Seguridad Social, Elma Saiz.

La propia alcaldesa, Cristina Ayala, intentó poner orden en el bipartito al asegurar que la máxima autoridad en temas de Seguridad en el Ayuntamiento era ella. Y, por tanto, indicó que no habría ninguna orden a este respecto hacia los agentes de la Policía Local.

Más tarde, el PSOE exigió en un Pleno la reprobación del vicealcalde de Vox, Fernando Martínez Acitores, por sus propuestas en materia de inmigración, pero esa vez el PP de Cristina Ayala salió al rescate de su socio.

La controversia se avivó en el pleno de octubre cuando Vox presentó una proposición en la que reclamaba la devolución a sus países de los inmigrantes ilegales. Los cuatro concejales de la formación verde se quedaron solos porque el PP se desmarcó de su socio de Gobierno y al PSOE le tocó el papel de denunciar una moción que vinculó, en palabras de Raúl Martínez, la inmigración con la delincuencia.

Cabe recordar que precisamente este mismo asunto relacionado con la inmigración motivó la salida de Vox del gobierno regional de Castilla y León el pasado mes de julio.