Las ONG vetadas justifican su labor al bipartito y alertan del colapso que sufrirán los CEAS

Rostros serios, gestos de pesar... El lenguaje no verbal de todos los participantes en la reunión mantenida a primera hora de la mañana entre representantes del equipo de Gobierno y de las ONG de apoyo a población migrante -Accem, Atalaya y Burgos Acoge a las que se retirarán las ayudas municipales el próximo año- dejaba entrever que de poco o nada había servido el encuentro.

Las intervenciones posteriores lo confirmaban, aunque las agrupaciones vetadas por Vox, con el beneplácito último del PP, mantienen la esperanza de que la situación cambie. Para contribuir a ello presentaron a la alcaldesa, Cristina Ayala, y a los portavoces de ambas formaciones, Andrea Ballesteros y Fernando Martínez-Acitores, los datos que justifican una labor de la que en 2023 se beneficiaron 7.000 personas y que, en consecuencia, ponen de manifiesto que, «lejos de ganar nada con esta supresión, se generarán problemas donde no los hay», según afirmaba como portavoz de las entidades Nuria Revilla.

«Creemos que con los argumentos y las explicaciones que hemos ofrecido y con el apoyo que existe en la ciudad podemos apelar a la responsabilidad municipal y lograr que esta medida se revierta», añadía, convencida de que si esto no ocurre habrá consecuencias «drásticas». Y es que, al fin y al cabo, estas agrupaciones son «parte de la red pública y las administraciones se coordinan con nosotros, nos derivan y nos consultan», por lo que su asfixia económica vía supresión de financiación dará lugar a un colapso en los CEAS «que perjudicará a toda la población».

Al respecto, Revilla recordaba que en la actualidad los servicios sociales «informan, orientan, pero no tramitan permisos de residencia y trabajo, solicitudes de nacionalidad, permisos comunitarios o peticiones de empresas para contratar a trabajadores», cuestiones que sí forman parte de su día a día y que ahora tendrá que asumir directamente el Ayuntamiento, en gran medida.

Las entidades afectadas se aferran, pues, a las conclusiones que los políticos puedan extraer de la información aportada, y al emplazamiento a «seguir hablando» lanzado por Ayala a modo de despedida, para no dar las ayudas por perdidas. «Tienen también que hablar entre ellos», comentaba Revilla, para subrayar que «no todo vale, no se puede negociar con todo» y que el destinatario de estas agrupaciones, todas veteranas y especializadas, es la «población burgalesa migrante, que no se nos olvide, que está en nuestros centros educativos, en nuestras empresas, que son nuestros vecinos y vecinas».

Sobre el impacto de su trabajo -apoyado desde hace 25 años por los convenios víctimas de este tijeretazo-, Revilla señalaba que «cada euro que reciben estas tres entidades lo multiplican por cien». De ahí, y en vista de la sobrecarga que generará a la propia administración esta decisión, que no conciban que se mantenga tras conocer que «no hay ningún criterio objetivo» para ello. «Hemos aportado incluso datos que ya conocen, como los oficiales de la Policía Nacional, que constatan que han bajado los delitos en la ciudad de Burgos pese al incremento considerable de personas migrantes», apuntaba a modo de ejemplo y en respuesta, además, a las acusaciones de Vox recogidas por los medios que, por cierto, Martínez-Acitores omitía en este encuentro al que acudieron Daniel Duque y Olga Aguilar, responsables regional y provincial de Accem, Nuria Revilla y Rosa Escolar, trabajadora social y coordinadora técnica de Burgos Acoge, Jaime Burgos, vocal de la junta directiva de Atalaya y Carlos de la Peña, también de Atalaya. Como apoyo, aunque su ayuda se mantiene en el presupuesto por razones que el bipartito se empeña en no detallar, estuvieron presentes Mario Vivanco, delegado de Cáritas, e Ignacio Ruiz, secretario de la organización diocesana en Burgos. 

Agradecía Nuria Revilla en nombre de los tres colectivos el respaldo social recibido desde que trascendiera la intención del equipo de Gobierno y, aunque abogan por esperar a conocer si la reunión mantenida surte el efecto deseado, no descartan impulsar "alguna movilización para, sencillamente, reflejar el sentir de la ciudad".   

Ya de manera espontánea el Colegio de Trabajo Social promovía una concentración simbólica en la Plaza Mayor para 'acompañar' a las entidades en este encuentro. Su presidenta, María Jesús González García, mostraba su rechazo a la decisión de anular estas ayudas: "Los recortes en el Estado de Bienestar vienen siendo frecuentes en los últimos años y no lo vamos a permitir. Seguimos apostando por un sistema público y de calidad en unos servicios sociales que son tan necesarios para cuidar a todos los miembros de una sociedad, incluidas las personas migrantes".

Además de sostener una vez más que el recorte a las tres ONG era una condición de Vox que el PP ha acatado en pro de la estabilidad del gobierno municipal, la portavoz 'popular' Andrea Ballesteros, reconocía que tendrán que estudiar ahora la repercusión que la supresión de estas subvenciones tendrá en el área de Servicios Sociales, que también lidera.

Así, aunque descarta un "colapso" sí consideraba que "es algo que tendremos que valorar". "Las entidades sí trabajan en red directamente con los CEAS del Ayuntamiento de Burgos, incluso en algunas ocasiones adelantan la financiación de las ayudas de urgencia social para las personas que así lo solicitan, con lo cual se tendrá que valorar el trabajo y cómo impacta en el trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras sociales", indicaba.