Burgos rompe con Prepay, que debe más de 855.000 euros, y ya busca otra empresa

Era cuestión de tiempo, la crónica de una ruptura anunciada desde que estalló el escándalo. El Ayuntamiento de Burgos ha dado el primer paso para rescindir su contrato con Prepay, la empresa encargada de recaudar el dinero de las tarjetas de autobús, tras acumular una deuda que, según el equipo de Gobierno, ronda actualmente los 855.000 euros. En paralelo, se procederá a la inmediata redacción de los pliegos para una nueva licitación. Mientras tanto, el concejal de Movilidad, José Antonio López, asegura que se adoptarán las medidas pertinentes para «garantizar la prestación adecuada y normal del servicio». Aparte, la denuncia penal contra la operadora sigue su curso a expensas de que el juzgado «traslade el auto de admisión de la querella».

Casi tres horas se ha prolongado este lunes el Consejo de Administración -con sesión extraordinaria- del Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (SMYT) en el que se abordó la resolución de un contrato que tardará lo suyo en hacerse efectiva. Más que nada, porque todo queda «en manos de la administración concursal», explicó López tras señalar que, al menos, se ha establecido como «medida garantista» el ingreso «de forma directa» de las recaudaciones de los autobuses urbanos a una «cuenta restringida de titularidad municipal que ya existe». De hecho, aseveró que ya se ha recibido la cantidad correspondiente a la segunda quincena de octubre mientras sacaba pecho al considerar que «las gestiones del equipo de Gobierno y de los técnicos están dando buenos resultados».

Lo que no se puede ocultar, y a López no le ha quedó más remedio que reconocer, es que se ha producido una «discrepancia» en lo que a la deuda se refiere. No solo con Prepay, sino con una técnica municipal que llegó a afirmar, ya a finales de febrero, que la empresa debía más de medio millón de euros al Ayuntamiento. Según su versión, esa fue la cantidad de la que se habló durante una reunión con la propia adjudicataria del servicio en la que el edil estaba presente.

¿Miente la técnica? «Obviamente», replicó López tras insistir en que Prepay le informó de que, por aquel entonces, su deuda rondaba los 85.000 euros. Además, le pareció «raro» que la empresa reconociese su riesgo de caer en concurso de acreedores al tratarse de una cantidad no demasiado elevada. Por otro lado, el responsable de Movilidad indicó que también existen ciertas «discrepancias» respecto a la deuda en sí, pues según los técnicos sería de unos 876.000.

Con tantos frentes abiertos, tanto dentro como fuera de Movilidad, el bipartito no dudó en rechazar la petición del PSOE de celebrar un Consejo extraordinario en el que comparezcan los funcionarios del servicio. La negativa, según López, se sustenta en que ya hay una «investigación interna» en marcha y, por lo tanto, recabar testimonios por esta vía podría conllevar un «vicio» del propio procedimiento.

Otro asunto a tratar durante el Consejo fue el supuesto fraude masivo por parte de usuarios de buses urbanos que utilizan tarjetas de mayores de 65 años para que los desplazamientos les resulten más baratos. A este respecto, López indicó que «no se puede deducir la existencia de ese fraude» porque a lo largo de septiembre y octubre tan solo se han detectado diez usos indebidos de un total de 2,6 millones de viajes. Además, precisó que tan solo uno de ellos se produjo con un bono de la tercera edad. Así las cosas, acusó al PSOE de «generar alarma, difundir bulos y enfangar» con el único propósito de «poner palos en las ruedas».