El PP se abre ahora a "mantener colaboraciones" con las ONG vetadas, "pero no con estos convenios"

Dispuesto a nadar y guardar la ropa, el PP se abre ahora -al tiempo que crece el malestar social- a "mantener, de alguna manera, colaboraciones" con las tres agrupaciones vetadas (Accem, Atalaya y Burgos Acoge), "pero no a través de estos convenios". Así lo indicaba la concejal de Servicios Sociales y portavoz 'popular', Andrea Ballesteros, para explicar que las entidades afectadas por la supresión de subvenciones "seguirán trabajando en la ciudad", por lo que "el Ayuntamiento tiene que mantener el diálogo con ellas".

Con todo, explicaba que solo habrá nuevas reuniones con sus representantes en un corto plazo "si ellas lo solicitan", pues daba por zanjado este capítulo 'presupuestario' al insistir en que, conscientes de "las implicaciones que conlleva esta eliminación en el trabajo que desarrollan en red el tercer sector en general y los CEAS", esta medida "es la opción elegida" para salvar un presupuesto de 250 millones.

Toca ahora, como responsable de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, hacer control de daños. Ballesteros anunciaba que el próximo viernes se reunirá con las trabajadoras sociales municipales, a petición del colectivo, para valorar la dimensión de la repercusión de tal recorte en la labor que llevan a cabo en los CEAS, hasta ahora de forma coordinada con las entidades en cuestión. 

La edil del PP reconocía una vez más el «impacto negativo» de la decisión de acatar la imposición de la formación verde: «Va a hacer que el Ayuntamiento tenga que asumir no ya más competencias, porque las de gestionar asuntos de extranjería, nacionalidad o reagrupamientos las tiene, pero sí las labores de asesoramiento, seguimiento y valoración de cada caso de manera concreta» o el fomento de la inserción laboral, ámbito en el que también es determinante el papel de las entidades vetadas.

Sea como fuere, Servicios Sociales tendrá que afrontar el aumento de la carga de trabajo sin poder ampliar las plazas de trabajadores sociales, «pues el número está vinculado al acuerdo marco de cofinanciación suscrito con la Junta de Castilla y León». Cabe imaginar, por tanto, que este escenario agravará los problemas de congestión que ya padecen las valoraciones de las personas con dependencia que necesitan acceder a alguna prestación.

La propia Andrea Ballesteros añadía como un inconveniente más el hecho de que estas agrupaciones vayan a dejar de adelantar con sus fondos las ayudas de urgente necesidad concedidas por el Ayuntamiento, de lo que se encargaban cuando existía retraso en el pago por parte de la administración local, dada la naturaleza de este subsidio puntual destinado a situaciones acuciantes que no admiten demora.

Dicho lo cual, la edil y portavoz del PP volvía a apelar al pacto de Gobierno para justificar la decisión que causará los males citados como ejemplo. Descartaba además cualquier paso atrás por ambas partes. «El borrador del presupuesto que contempla la eliminación de estas partidas ya está presentado y se llevará en unas semanas al Pleno, con lo cual el documento está cerrado», señaló, para limitar las conversaciones que puedan mantenerse sobre el tema a que se trata de un asunto de actualidad y relevancia.

Inevitable parece, en este punto, la comparación de la situación generada en el Ayuntamiento de Burgos con el desencuentro sobre políticas vinculadas a la inmigración que motivó la ruptura entre sendos partidos en la Junta de Castilla y León. No lo consideraba así, sin embargo, Ballesteros, convencida de que son «circunstancias diferentes», pues la discrepancia en el ámbito regional -relacionada con la acogida de menores extranjeros no acompañados- «no tenía nada que ver con el presupuesto» y en este caso sí.

Sobre la decisión de Cáritas de renunciar cuando toque a la prórroga de su convenio mientras no se revierta la supresión de las ayudas al resto de colectivos que trabajan en el mismo sector, la concejal de Servicios Sociales aseguró que "está en su derecho". Detalló además que los 19.000 euros de subvención directa que contempla este acuerdo en concreto se mantendrán en el borrador y se aplazará a un futuro, cuando llegado el momento se haga efectiva la negativa de la organización diocesana, la decisión de dónde derivar esta cuantía.

El PSOE acusa al bipartito de "dinamitar" el ecosistema de los servicios sociales 

Por su parte, la concejal socialista Sonia Rodríguez, anterior responsable del área ahora en manos de Ballesteros, recordaba que sin estos convenios con Accem, Atalaya, Burgos Acoge y Cáritas el Ayuntamiento no va a poder procurar las atenciones que legalmente debe ofrecer. «La Ley de Servicios Sociales establece claramente la responsabilidad del municipio de garantizar la cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas y contempla, por supuesto, la colaboración con entidades privadas para ello. En Burgos, este ecosistema se ha desarrollado durante décadas a través de convenios de colaboración cuyo objeto y contenido, por cierto, fija la administración y no las entidades con las que se alía», detallaba, preocupada por unos recortes que «dinamitan» el citado equilibrio y suponen «una nueva quiebra del principio de solidaridad» tras los efectuados en las ayudas a cooperación al desarrollo o a la Coordinadora Provincial de la Memoria Histórica. «¿Esta es la ciudad que buscamos? ¿Esto es bueno para Burgos?», se preguntaba Rodríguez, para criticar por igual a Vox y PP, pues tienen «la misma responsabilidad» en este caso y cuestionar con dureza la búsqueda de «pírricos objetivos políticos a costa de cualquier pacto».

Casa de acogida para víctimas de violencia de género

Si bien este asunto ocupaba gran parte del debate en el seno del consejo de administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, la sesión también sirvió para aprobar los pliegos que permitirán contratar el servicio de casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género entre 2025 y 2028. El contrato en vigor con La Rueda expira el 31 de diciembre de 2024 y el que le suceda se licitará por un importe de 102.176 euros por año, casi 20.000 más que el actual.