El PP de Burgos se aferra al presupuesto, preso de Vox, y culpa a Abascal del veto a las ONG

El presupuesto municipal de 2025 por encima de todo. Ni siquiera el malestar social y la concentración convocada este miércoles en la Plaza Mayor es motivo suficiente para que el Partido Popular reconsidere su postura tras aceptar el veto impuesto por Vox a tres ONG de Burgos que el próximo año se quedarán sin ayudas para asistir a la población migrante. «Ninguna posibilidad», asegura la alcaldesa, Cristina Ayala, pese a las «diferencias» en este sentido con sus socios de Gobierno.

Cree el presidente de la Diputación Provincial, Borja Suárez, que debe primar la «estabilidad» para sacar adelante un «presupuesto clave» en el ecuador del mandato. La culpa, cómo no, la tiene el grupo municipal de Vox al acatar una nueva «ocurrencia del señor Abascal». En la misma línea, aunque con matices, que la que propició la ruptura de la formación verde con el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en la Junta de Castilla y León el pasado mes de julio. 

Es lo que Suárez denomina «diferentes caras» de Vox. La más amable, al menos por ahora, sería la que muestra en la Diputación. Básicamente, porque sus dos corporativos respaldan el presupuesto sin incluir «ninguna enmienda para reducir convenios con asociaciones». En cualquier caso, el también presidente del PP de Burgos reconoce que «a la provincia lo que le va a salvar es la inmigración». 

Descartada la oferta del PSOE para consensuar unas cuentas que apenes alteren el borrador ya presentado porque «estamos mucho más cerca de Vox que del Partido Socialista», Ayala considera que introducir cambios a estas alturas supondría «paralizar la ciudad». Y aunque sea «consciente» de que transigir en el veto a Burgos Acoge, Fundación Atalaya y Accem genera un amplio rechazo por parte de los burgaleses, prefiere mantener la coalición bajo el compromiso de prestar servicio a muchos de los usuarios de estas entidades «desde el Ayuntamiento». 

Puede que los 'populares' se escuden ahora en su intención de aprobar las cuentas municipales en tiempo y forma sin posibilidad alguna de incluir la «cantidad ridícula» de 119.000 euros en un presupuesto de 250 millones. Sin embargo, Suárez asegura que «los presupuestos son elementos muy vivos» y con «capacidad absoluta de integrar nuevas iniciativas». Por lo tanto, «cualquier institución tiene margen de maniobra para incorporar nuevos convenios». 

Teniendo en cuenta que los de Santiago Abascal tienden a imponer líneas rojas en aquellas administraciones en las que gobiernan junto al PP, Ayala no descarta futuras imposiciones el año que viene. Pese a ello, no es partidaria de hablar ahora mismo de límites porque «vamos partido a partido». Y cuando lleguen «ya veremos». 

«El equilibrio es complejo», apostilla Suárez al hilo de dicha cuestión mientras hace hincapié en que «Vox es quien tiene que dar explicaciones». Por otro lado, justifica la sumisión de su partido alegando que ni el Ayuntamiento ni la Diputación «tenemos competencias en materia migratoria». También dice entender la «polémica» suscitada tras matizar que el PP se encuentra actualmente en una «situación compleja» que, lejos de ser un caso aislado, resulta habitual porque en el fondo esto es «lo que marcan las coaliciones».

En cuanto a la inquietud expresada por las ONG afectadas sobre la posible pérdida de empleos debido al recorte de las ayudas, Ayala se limita a esgrimir que «todo va en el mismo pack».