Ayala recula, planta cara ahora a Vox y levanta el veto a las ONG

El Partido Popular ha encontrado la fórmula y la fortaleza política para recular ante el veto impuesto por Vox a tres ONG que trabajan con inmigrantes de cara a las ayudas del próximo presupuesto municipal, minimizando el ya evidente desgaste público por el rechazo «transversal» a esta decisión y, además, colocando a su socio de Gobierno en una posición en la que será difícil que vuelva a plantearle nuevos problemas de convivencia empleando la inmigración como palanca.

Así, con la convicción de que «rectificar era necesario», Ayala tomó la decisión de enmendar el borrador del presupuesto para recuperar las mismas condiciones de 2024 para el convenio con la ONG. Decidió, además, llevar su órdago hasta el final y exponerse a tener que lanzar una cuestión de confianza, como confirmó ayer ante los medios, para ver aprobadas las cuentas y, lo más importante desde el punto de vista político, tomó la decisión de plantar a Vox en sus exigencias. Ayala puso pie en pared ante su vicealcalde, que fue el impulsor del veto, decidida a achicarle el campo y dejarle sin posibilidad de salir al contraataque.

Quedó de manifiesto, además, que a los cuatro concejales de Vox les había pillado con el pie cambiado la determinación con la que Ayala ha querido poner pie en pared y zanjar esta cuestión, poniéndose una vez roja, pero no cien amarilla. 

Acitores y sus tres concejales, según sus propias palabras, estaban convencidos a las dos de la tarde de que tenían un borrador de presupuesto pactado con el PP que se aprobaría inicialmente el martes en la comisión de Hacienda. 

Sin embargo, un mensaje de la alcaldesa que le confirmaba que a las cinco de la tarde comparecería para anuncia la enmienda para salvar el convenio con la ONG les dejó sin tiempo de reaccionar ni desde Burgos ni consultando a Madrid, como reconoció que hizo. 

Acitores admitió que hubieran precisado «más tiempo» para analizar la postura del PP con su enmienda, pero, precisamente, el plan de Ayala haciendo pública su rectificación buscaba que Vox tuviera que decidir casi sobre la marcha si daba una vuelta de tuerca a su órdago o recogía velas.

«Estoy convencida de que el pacto de Gobierno no se va a poner en riesgo por 119.000 euros», manifestaba horas después Ayala, conciliadora y dispuesta a salvar el pacto, ahora que deja a Vox con pocas opciones de volver enredar con la política de inmigración.

Cuestión de confianza

Si Vox no traga ahora con las condiciones de Ayala, aunque todo parece indicar que lo hará aunque se hagan los dignos, se expone a que la alcaldesa someta el borrador del presupuesto a una cuestión de confianza y tener que verse en la encrucijada de votar con el PSOE para desalojarla de la alcaldía o envainarse el órdago y que el presupuesto del PP salga aprobado igualmente. 

Ayala, también parece haber previsto la situación en que podría quedar Vox y, siguiendo su razonamiento de que en ningún momento tuvo intención de romper el pacto de gobierno con los de Abascal, ha encontrado la fórmula de que Vox salve la cara y las ONG, sus subvenciones.

Así, el PP presentará este martes una enmienda a su propio borrador del presupuesto en la comisión de Hacienda para recuperar las ayudas, que espera que salga aprobada, por sus propios votos y, evidentemente, también por los del PSOE que ha reiterado que si daba ese paso tendría su apoyo. 

Lo que hará Vox es plantear una transaccional a esa enmienda para que figure, supuestamente en el convenio cuando se firme, que «ni un sólo euro del Ayuntamiento irá a para la inmigración ilegal» y que para ello se creen comisiones de seguimiento y control.

PP y Vox están de acuerdo en representar este paripé en la comisión de Hacienda y no cabe duda de que los dos votarán a favor de sus respectivas enmiendas y el borrador del presupuesto irá al pleno del día 22 levantando el veto a las ONG.

El PP aplaude

A la alcaldesa de Burgos y a la totalidad de sus concejales, como ayer quedó de manifiesto, se les hacía bola tener que tragar con la exigencia de Vox de recortar inopinadamente las subvenciones vía convenio con Burgos Acoge, Atalaya Intercultural y Accem, tres de las cuatro entidades con las que el Ayuntamiento mantenía un convenio para asistir a la población inmigrante. 

El PP veía venir el problema de saturación que recaería en los Ceas y compartía el rechazo social que despertó la medida, pero, probablemente, no calibró el gran rechazo popular y durante varios días siguió insistiendo que por la salud del pacto y por la importancia del presupuesto tenía que transigir con Vox, mientras se alzaban multitud de voces exigiendo lo que finalmente han hecho: recular.

Este miércoles pudo cuantificarlo al ver la protesta transversal que protagonizaron cerca de cinco mil personas en contra del veto a esas ONG. Fue la gota que colmó el vaso y dio pie a que la alcaldesa pusiera en marcha una estrategia para desembrollar la situación. Un plan que, dada la precisión y premura con la que lo ejecutó ayer parece evidente que venía madurando desde hace días.

En el mismo instante que Cristina Ayala culminó la comparecencia ante la prensa en la que anunció la rectificación, su grupo de concejales, que siguieron la rueda de prensa de pie, arrancaron a aplaudir.

La maniobra de alcaldesa tiene el beneplácito de las direcciones autonómica y estatal de su partido y la propia Ayala habló con Alfonso Fernández Mañueco y Cuca Gamarra para trasladarles su decisión sobre esta polémica que ya había saltado al plano nacional. 

La maniobra política de la regidora popular, sigue la pauta de la postura del PP autonómico ante el órdago de Vox que acabó rompiendo el gobierno de Mañueco. Ayala se ha terminando plantando como se plantó el presidente de la Junta ante las exigencias de Vox para marcar la política de inmigración en los pactos que mantiene con el PP. 

La alcaldesa de Burgos, además, al negarse ahora a transigir con Vox para sacar adelante unos presupuestos, evita sentar un precedente que influencie la negociación de las cuentas de 2025 en otros ayuntamientos en los que ambos partidos gobiernan en coalición, como Valladolid.

La maniobra de Ayala se reviste de «reflexión» política ante la «transversalidad» del rechazo al veto a las tres ONG y de «convicción» de que realizan un gran trabajo en su área, del que se aprovecha el ayuntamiento y la sociedad burgalesa, pero, además, deja sólo a Vox tratando de explicar un veto del que ha sido incapaz de ofrecer razones coherentes y sobre el que ha terminado por aflojar la retórica.

Vox, sin tiempo

Así, el vicealcalde y portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, llegó a levantar la sospecha de que las tres ONG vetadas actuaban para favorecer la inmigración ilegal. Un razonamiento sobre el que en su comparecencia ante los medios ayer, se mostraba mucho menos tajante. 

De hecho, se enrocó en defender que no permitirán que «se destine ni un euro a situaciones de inmigración ilegal, que vengan personas que no cumplen con la ordenación regulada ni ordenada que marca el gobierno de España» sin aclarar cómo pretenden lograrlo.