Los concursos de acreedores, al alza en Burgos pero muy por debajo de la media nacional
Trademat reúne a 26 magistrados de lo Mercantil para analizar los efectos y carencias de la nueva Ley, «muy favorable para los pequeños ahorradores» al facilitar la exoneración de deudas en cuatro meses
La agilización de los procedimientos promovida por la nueva Ley Concursal para que un particular pueda eliminar sus deudas ha propiciado que, a lo largo del último año, se hayan disparado los concursos de acreedores que afectan a personas físicas. Se trata de un fenómeno palpable en todo el país, salvo excepciones muy puntuales, del que pueden dar fe los jueces de lo Mercantil en Burgos. Sin embargo, el repunte en la provincia durante los tres primeros meses de 2024 es bastante inferior al de la media nacional: casi un 30% frente al 101% en toda España respecto al mismo periodo del año anterior.
Estos datos, publicados recientemente por el Colegio de Registradores, son objeto de análisis por parte de los 26 magistrados que participan, entre hoy y mañana, en el tercer Congreso de Derecho Concursal Ciudad de Burgos, en el Teatro Principal, organizado por la empresa de subastas Trademat. Su principal objetivo, aunque no el único, será abordar los efectos y carencias de la Ley vigente.
El panorama actual, según apunta el director y cofundador de Trademat, Luis María Arnaiz, se rige por el aumento de los concursos de acreedores de particulares -el 76% del total- pese a que los de empresa, por norma general, también se hayan disparado aunque en mucha menor medida. En el caso de Burgos, la subida entre enero y septiembre del presente ejercicio se situó en el 7,5% mientras que en el conjunto de España crecían un 31,2%.
Los efectos de la normativa vigente se han hecho notar de manera desigual en Castilla y León, donde los concursos de personas físicas se incrementaron un 113% a nivel global. Lo curioso, no obstante, es que en Ávila disminuyeron mientras Zamora y León registraban repuntes por encima del 200%.
Resulta evidente, tal y como subraya Arnaiz, que la nueva ley es «muy favorable para los pequeños ahorradores» porque promueve la eliminación de deudas en un plazo de cuatro mes salvo las contraídas con Hacienda, que a lo sumo se reducen 10.000 euros. Por otro lado, aboga por «favorecer» a las empresas para que puedan «adelgazar» sus deudas de crédito público -por ejemplo, las que atañen a la Seguridad Social- y así asegurar su viabilidad.
En cuanto a la última reforma de la ley, este mismo año, el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Bilbao y director del Congreso, José María Tapia, destaca los planes de reestructuración que permiten al deudor llegar a un punto de entendimiento con sus acreedores para impedir que la empresa quiebre. En base a ello, las liquidaciones se han reducido a su mínima expresión porque priman los «acuerdos extrajudiciales».
Sobre los concursos de particulares, quizá haya quien piense que puede imperar la picaresca para declararse insolvente a base de trampas. Por su experiencia, Tapia asevera que este fenómeno brilla por su ausencia porque «los acreedores suelen dar por buena la solicitud de exoneración». De hecho, «más del 90% no dicen absolutamente nada», aunque «eso no significa que perdonen la totalidad de las deudas».