El CSN consulta a la Abogacía del Estado qué tiene que hacer con el informe para Industria

Burgos

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se reunió ayer en Madrid para evaluar la petición del Ministerio de Industria sobre las posibilidades de prorrogar la licencia a Garoña en un plazo diferente a los 10 años que marca la legislación vigente desde la reforma legal de 1995 y tuvo que acabar pidiendo que le aclaren qué es lo que quiere el ministro que informen.La respuesta de este organismo consultor puede interpretarse como expresión de un posible malestar entre los miembros del pleno por tener que pronunciarse con criterios técnicos sobre la vialibidad de las propuestas políticas que se han ido poniendo sobre la mesa desde que informaron favorablemente a la prórroga de 10 años el lunes 8 de junio. De hecho, la legislación aplicable hace 15 años que ya no contempla ese tipo de prórrogas de duración variable y discreccional. Antes de esa fecha las autorizaciones para que una nuclear siguiera en funcionamiento se daba por 1, 2, 4 ó 5 años, o indefinida como en Vandellós I. 

Dudas legales

La propuesta que Industria plantea para que el CSN le dé validez supondría ir contra el marco legal actual. En ese sentido, tras su reunión de ayer, los seis miembros del pleno salieron con dudas respecto a qué les está pidiendo el Ministerio con su solicitud por lo que acordaron realizar una consulta ante la Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia sobre varios aspectos relacionados con la solicitud recibida del gabinete del ministro Miguel Sebastián para la «elaboración de un informe de escenarios para una posible renovación de autorización de explotación de la central Santa María de Garoña por un período de dos, cuatro o seis años.

Con este trámite, el organismo regulador pretende que los expertos juristas le concreten la naturaleza del análisis que requiere Industria para determinar si se trata de un informe preceptivo o de un estudio que el CSN debe efectuar en calidad de órgano de asesoramiento, o bien de ambos. Igualmente, la consulta se refiere al alcance del mismo, según explicó el CSN en nota de prensa. 

El pasado 5 de junio, el Pleno del Consejo, tras seis sesiones de estudio dedicadas a la evaluación, el análisis y la valoración final de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central, acordó por unanimidad informar favorablemente dicha solicitud por el periodo de 10 años. Tras comunicar su evaluación al Ministerio de Industria, éste o bien el Gobierno deberán comunicar antes del 5 de julio si conceden o no el permiso a Nuclenor para seguir operando la central de Garoña diez años más. 

Decidirán con o sin informe

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha insistido en que la decisión sobre la renovación o no de la autorización de explotación a Garoña se tomará en plazo, después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear decidiera consultar a la Abogacía del Estado. Así lo explicaron a Europa Press fuentes de Industria, que consideran que el nuevo trámite requerido por el organismo regulador no tiene por qué impedir al Ejecutivo tomar su decisión dentro de las fechas previstas. 

El Valle irá ante el juez

El Ayuntamiento del Valle de Tobalina defenderá en los tribunales la continuidad de Garoña, si el Gobierno cierra la planta, y celebrará un pleno en los próximos días para cerrar cualquier posibilidad de que en la zona se instale un Almacén Temporal de Residuos Nucleares de Alta Actividad. Así lo aseguró ayer en declaraciones a Efe el alcalde, Rafael González, quien ha explicado que el Ayuntamiento en una próxima sesión plenaria va a dejar constancia de su negativa a acoger un almacén de residuos radiactivos. 

En este sentido ha recordado que ENRESA es la empresa encargada de convocar un concurso público para un almacén temporal de residuos radiactivos al que se podrán acoger todos los municipios interesados en albergar una instalación de esta actividad. 

El Valle de Tobalina, según ha señalado su alcalde, no tiene ningún interés en este tipo de instalación y para que quede claro, en contra de la hipótesis de que pueda albergar un almacén de residuos, se plasmará la negativa en un acuerdo plenario del Ayuntamiento. 

Asimismo ha señalado que si el Gobierno decide cerrar la planta nuclear de Garoña el Ayuntamiento del Valle de Tobalina exigirá la salida inmediata de los residuos radiactivos de la zona y no concederá ninguna autorización para su almacenamiento y ha señalado que el Ayuntamiento acudirá a la Justicia para defender la continuidad de la planta atómica, si ésta se cierra y una vez que el organismo regulador de esta actividad, el Consejo de Seguridad Nuclear, ha establecido que su vida útil se puede extender hasta el 2019. 

González ha calificado de «demencial» pretender cerrar la planta sin que nadie se haya dirigido a los municipios afectados para arbitrar un «plan alternativo» económico y social. 

En este sentido, ha recordado que se trata de una industria que genera cerca de un millar de puestos de trabajo y supone importantes ingresos económicos para los municipios del entorno.