Nuclenor adoptará medidas legales contra la decisión

Apenas una hora después de que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, hiciera pública la decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña en 2013, la empresa propietaria de la planta hacía una valoración muy negativa de la noticia. De hecho, desde Nuclenor se entiende que no conceder una prórroga de la licencia de operación hasta 2019  es «un acto arbitrario y carente de justificación con arreglo a la ley».En este sentido, desde Nuclenor se recuerda que «se han cumplido en su totalidad las condiciones que la empresa responsable debe cumplir para su renovación» según el «procedimiento reglado» en estos casos.A ello, dicen, han ayudado «las fuertes inversiones» realizadas anualmente y «singularmente a lo largo de los últimos años, manteniendo en todo momento la visión de operación a largo plazo de acuerdo con la posibilidad de renovación recogida en su permiso vigente».De esta forma, una vez conocida la decisión del ejecutivo nacional, la dirección de la compañía avanza que «se llevarán a cabo cuantas acciones legales le puedan corresponder para la defensa de los derechos e intereses legítimos de todas las partes afectadas» en un conflicto que no ha hecho más que empezar.No en vano, Nuclenor considera que «la situación que se plantea es insólita e inédita», ya que el Gobierno ha dado la espalda a «una empresa que quiere continuar su actividad, a unos profesionales que quieren seguir desarrollándose profesionalmente, a un entorno vecinal, institucional y social favorable a la continuidad» de la planta y, sobre todo, a «un informe favorable a la continuidad emitido por el organismo estatal competente en materia de seguridad nuclear».Por el momento no se han adelantado cuales serán esas «acciones legales» que pretende llevar a cabo Nuclenor para que el cierre de Garoña no llegue antes de 2019, aunque la convicción por parte de la dirección de la empresa es total.eCOMITÉ .  Obviamente, tampoco los trabajadores de la planta nuclear se han mostrado satisfechos con la decisión adoptada. A juicio del comité de empresa, con Alberto César González a la cabeza, con el anuncio del cierre de la central «se cumple la tesis de las multinacionales ecologistas» y el Gobierno se posiciona «en contra» de la tesis del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), formalizadas a través de las conclusiones de su informe.Tras conocer la decisión de manos de representantes del ministerio de Industria en Madrid, desde el comité de empresa se adelanta que el siguiente paso será «analizar» la situación actual para ver qué se puede hacer, ya que «los trabajadores demandan actuaciones». Aunque aún es pronto para saberlo, ya se dibujan algunas opciones. De hecho, fuentes del comité señalan que el Gobierno «está invitando» a los empleados de la instalación a materializar «una huelga». Una contundente medida de presión que significaría parar la producción de la planta y que todavía no se ha llevado a cabo por la «responsabilidad de utilidad pública». «Parece que somos más sensatos que el propio Gobierno a la hora de tomar decisiones», zanja un representante de los trabajadores. Además, desde el comité se destaca que el apoyo de la industria nuclear es total, por lo que cabe la posibilidad de que dicha parada se extendiera al resto de centrales. Otra actuación de calado, pero de menor envergadura para el sistema eléctrico sería la de bajar la carga de operación de las plantas, algo que los trabajadores ya han puesto sobre la mesa y que Industria ha rechazado de plano.  Con todo, durante las próximas jornadas se irán desgranando los detalles de unas medidas de presión que en principio se antojan duras.eCÁMARA DE COMERCIO. Pero Nuclenor y sus trabajadores no son las únicas voces que valoran negativamente la decisión adoptada. Hace ya mucho tiempo que los empresarios de la zona de influencia de la central también cerraron filas en torno a la solicitud de prorrogar la licencia de operación de la central y la decisión del Gobierno tampoco ha gustado nada.Ejemplo de ello son las declaraciones efectuadas por Fernando Escobillas, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Miranda, minutos después de conocer la noticia. «Estamos en un momento en el que no es lógico cerrar» la instalación del Valle de Tobalina, máxime cuando los datos del paro en la comarca atraviesan valores negativos históricos.  Tal y como viene recordando desde hace tiempo, Escobillas incide en que «son muchas las empresas y talleres de Miranda que dependen de la central».