La Junta recurre la clausura en 2013

R. G. U. / Burgos

El recurso que presentará en los «proximos días» la Junta de Castilla y León ante la Audiencia Nacional será el primero que impugne la orden del Ministerio de Industria por la que se fecha la clausura de Santa María de Garoña en julio de 2013, a la espera de que Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear, eleve su propio recurso que actualmente «se está ultimando» en colaboración con los servicios jurídicos de Iberdrola y Endesa, compañías propietarias al 50% de la empresa que explota la nuclear desde 1971.

El ejecutivo regional justificó ayer que dará este paso -acordado ayer en el seno del Consejo de Gobierno- en vista del «grave perjuicio que, para los intereses generales de la Comunidad, se derivan de la decisión gubernamental, fundamentalmente desde un punto de vista económico» y especialmente «para la comarca del Ebro burgalés».

El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juarez, criticó la decisión del Gobierno de acortar la prórroga de la central a dos años y recalcó que el Ejecutivo regional está convencido de que se trata de un «cierre absolutamente arbitrario, injustificado e injustificable, de una actividad empresarial rentable en términos económicos, segura –tal y como ha dictaminado el supremo órgano consultivo en esta materia, que no es otro que el Consejo de Seguridad Nuclear-, y que da ocupación directa a más de mil trabajadores en la comarca».

Defectos legales

Parte de la argumentación legal que sustenta el recurso que los letrados de la Administración Autonómica que la Junta presentarán en los próximos días tiene que ver con «deficiencias formales» en el trámite de concesión de la prórroga por parte del Ministerio de Industria que la Comunidad quiere poner de relevancia en el proceso legal que ahora se inicia con este recurso.

En ese sentido, la Junta de Castilla y León no sólo se ha considerado «absolutamente menospreciada por parte del Gobierno de la Nación en todo este proceso» sino que recalca que legalmente se debería haber escuchado su voz en el proceso de toma de decisión -aunque la competencia es estatal, ya que «la normativa prevé la participación inexcusable de las comunidades afectadas en varios momentos del proceso que conduce a este tipo de decisiones» y en este caso «ni siquiera se llevó a cabo un trámite de audiencia» ni al Ayuntamiento del que depende la central o a la Comunidad Autónoma con posterioridad al informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Medida cautelar

Según ha explicado desde la portavocía de la Junta, durante los últimas semanas, los servicios jurídicos de la Administración regional han valorado la posibilidad de solicitar una medida cautelar que pusiera freno de manera más inmediata al proceso de cierre, si bien esta opción se ha descartado por el momento ya que parece previsible que la Audiencia Nacional pueda dictar sentencia antes de la fecha fijada para el cierre. En todo caso, las mismas fuentes aclaran que dicha sentencia será susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo.

El periodo de explotación que Nuclenor tiene autorizado y en vigor acaba en 2011, a partir de ahí se activa la prórroga parcial validada por el Ministerio de Industria y que ahora recurre la Junta. En la práctica, este plazo coincide con la duración del combustible nuclear recién cargado y una nueva recarga dentro de dos años. La de Garoña es la primera próroga parcial de explotación desde que se cambió hace 15 años la legislación para estipular prórrogas sólamente en periodos de 10 años.