Servicios Funerarios pide premiso para reabrir el horno crematorio

GABRIEL DE LA IGLESIA / Miranda

El serial informativo en el que se ha venido convirtiendo con el paso de los años la instalación del horno crematorio en el complejo del tanatorio de la carretera de Orón acaba de superar otra fase. Según confirmaba ayer el primer edil mirandés, Fernando Campo, Servicios Funerarios de Miranda SL acaba de solicitar al Ayuntamiento permiso para volver a instalar el horno desmontado meses atrás en cumplimiento de sendas sentencias judiciales.

Tal y como explica Campo, la empresa propietaria del tanatorio «ha presentado lo que exige la Ley», que no es otra cosa que el «proyecto de normalización» necesario para poder conceder licencia de apertura una vez realizada una modificación del PGOU como la llevada a cabo meses atrás.

Ahora, una vez recibida la solicitud, los técnicos del Ayuntamiento «están trabajando» en la valoración del expediente, por lo que se espera que «en unos días» pueda someterse a aprobación de alguno de los órganos de gobierno municipales. Así, a la espera de conocer los detalles del proceso, Campo adelanta que la empresa podría verse obligada a realizar alguna «pequeña obra» para obtener la correspondiente licencia. En concreto, ayer se hablaba de «asfaltar alguna zona» del complejo para cumplir con toda la normativa exigida al respecto.

Sea como fuere, desde el equipo de gobierno se mantiene la misma postura adoptada ya meses atrás. Es decir, en caso de que la licencia de apertura se ajuste a la legalidad vigente, incluyendo la nueva normativa del PGOU aprobada por el Ayuntamiento y ratificada por la Junta de Castilla y León, Servicios Funerarios obtendrá el permiso necesario para reabrir el crematorio.

Recurso

Eso sí, todo este proceso continuará estando supeditado a la voluntad de los tribunales. No en vano, los vecinos de El Crucero que en su día denunciaron la instalación del crematorio siguen insistiendo en que la modificación del PGOU se ha realizado para burlar las anteriores resoluciones y han decidido recurrir la aprobación del expediente, abriendo así un nuevo proceso judicial.

En este sentido, desde el PP, que durante la operación de cambio de calificación mantuvo una postura de neutralidad, se quiere hacer un llamamiento a la prudencia. De esta forma, el portavoz de la bancada popular, Borja Suárez, insiste en que «habrá que esperar a ver lo que dicen los tribunales». Y es que, cabe la posibilidad de que «dentro de dos o tres años» la justicia vuelva a decir que la instalación es ilegal y haya que cerrarla de nuevo.  A este respecto, mantiene Suárez, a día de hoy sólo hay dos cosas meridianamente claras. Por un lado, que Miranda está incumpliendo la Ley al ser un municipio de más de 20.000 habitantes y no disponer de un crematorio. Por otro lado, que «la credibilidad» del equipo de gobierno «está por los suelos». De hecho, insiste, todo este conflicto se hubiera solucionado «si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio».