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REMODELACIÓN JUDICIAL

Justicia responde a los salenses que le piden mantener el juzgado

Explican que el Gobierno encargó al CGPJ un informe para revisar el mapa judicial. Prevén reducir a 3 los partidos judiciales burgaleses

Burgos

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C. G. / Salas

El Ministerio de Justicia, a través de la directora de su gabinete, Cristina Coto del Valle, ha explicado que se está respondiendo a las misivas que, en contra de la supresión de los Partidos Judiciales propuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), están enviando vecinos de pueblos de la comarca. Coto del Valle explica que en diciembre de 2010 el Congreso de los Diputados aprobó una resolución «con la que se encargaba al CGPJ un informe sobre las distintas alternativas posibles para adecuar la Planta Judicial a la realidad del país».

Por ello, añade que en ejecución de ese acuerdo, «el CGPJ está en proceso de elaboración del informe que, aunque se ha hecho público, no es definitivo, pues el pasado 3 de mayo fue remitido a los distintos Tribunales Superiores de Justicia para que formulen sus observaciones», destacaba la directora del gabinete ministerial. Concluye su respuesta afirmando que la propuesta del CGPJ no tendrá carácter vinculante, y que «el Gobierno aprobó un acuerdo por el que se crea una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y Planta Judicial que deberá quedar concluido en los próximos meses».

Envío de cartas a Gallardón

La iniciativa de enviar cartas a los responsables -mediante un modelo común de misiva-, forma parte de la campaña de movilizaciones que desde diferentes entidades e instituciones, se ha puesto en marcha para impedir que desaparezcan juzgados como los de Lerma, Briviesca, Medina de Pomar y Salas de los Infantes.

En las cartas, enviadas a nombre del ministro Alberto Ruiz Gallardón, se indicaba que «las consecuencias que tendría esa medida -que dudan mejorase la eficacia y buen funcionamiento de la Justicia más bien lo contrario-, serían nefastas y arrojarían a muchas comarcas rurales de España al yermo de la despoblación y la ausencia de servicios públicos, dejando a sus ciudadanos con menos derechos aún que el resto de los españoles que viven en entornos urbanos», argumentan los vecinos y asociaciones en sus misivas.  

Se preguntan a  su vez en el escrito reivindicativo enviado al ministro, si no sería más razonable y sensato proponer mejoras o reformas en ciertos huzgados -si hay desajustes-, en lugar de hablar de una absurda 'revolución' que agravará la situación económica que vive el país. «A lo que se podría añadir el escarnio relacionado con sedes judiciales recientemente estrenadas y otras que se diseñanen la actualidad», afirman.

Por ello, proponen a Justicia «que no tenga en cuenta la propuesta referida del CGPJ, y que sugiera al órgano institucional de los jueces no perder el tiempo y se dedique a intentar mejorar realmente el funcionamiento de la Justicia».