Campo rechaza los distritos porque supondrán el fin de los municipios

J. C. R.  / BurgosEl alcalde de Miranda, el socialista Fernando Campo, rechaza el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, promovida por el Gobierno de España, «al vulnerar el principio de autonomía local y promover la supresión de entidades locales». Campo apunta que la implantación de los distritos «supone un paso previo para la fusión y supresión» de ayuntamientos; y que la figura de distrito será la nueva entidad local básica de la Comunidad, «en detrimento de los ayuntamientos», subraya.Al mismo tiempo reclama una «memoria económica» relativa a la financiación de las diferentes competencias, servicios y tareas atribuidas a las diferentes entidades Locales, en el documento de ordenación del territorio propuesto por la Junta de Castilla y León. También rechaza la figura de los ‘Distritos de Interés Comunitario’, propuesto en el documento de la Junta de Castilla y León alegando que «se trata de una nueva estructura administrativa local, que genera confusión y burocracia en el mapa administrativo de Castilla y León».Entiende Campo que esta nueva entidad «genera cargas económicas nuevas a los ciudadanos», para financiar al personal que se requiere para a su creación y posterior funcionamiento, como secretarios, interventores y resto de personal. Después de 29 añosUna ordenación que llega «después de 29 años de existencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León». Un documento, indica el edil, que realiza una distribución de tareas, competencias y servicios entre los diferentes niveles de la administración, «sin acompañar una memoria económica que garantice la financiación de las mismas».Campo apunta que esta propuesta, entra en contradicción con el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, cuyo informe ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 13 de julio. Un anteproyecto que plantea suprimir entidades locales menores y mancomunidades; reducir el número de concejales en un 30%; y vulnera el principio de autonomía municipal, bajo la tutela de la administración local, por la administración central y autonómica, mediante el vaciado de competencias y servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, apunta Fernando Campo.