Medio millar de burgaleses piden que las pedanías pervivan

M. M. / Burgos

La posible eliminación de las más de 3.000 pedanías españolas que el Gobierno Central establece entre las medidas incluidas en el anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración, provocó que más de 20.000 personas se manifestaran ayer frente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid.

Entre ellas, más de medio millar de burgaleses que, llegados en 10 autobuses mostraron así el parecer de gran parte de la provincia, al llegar desde los más diversos puntos de ésta, como la Ribera, Briviesca, Río Ubierna, Villarcayo, Quintana Martín Galíndez, Salas o Lerma, entre otros muchos puntos.

«Se trataba de mostrar al Gobierno Central que esta medida, además de ser completamente errónea, es además un atropello y un agravio gravísimo a una población rural que verá desaparecer su medio de vida y una herencia cultural de siglos», explicaba desde el PRCAL su responsable en Burgos, José Ignacio Delgado.

Movilización en Valladolid

Éste explicó que fueron más de 60 autobuses los que se dieron cita en Madrid, «entre los que había muchos llegados de pueblos de Madrid, Aragón, Asturias, Cantabria, otros puntos de Castilla y León y Andalucía», comentó.

Añadió que tal y como se ha acordado con los organizadores de la manifestación y con otras asociaciones de la región, «esta manifestación es sólo un primer movimiento al que seguirán otros por toda España», afirmó. En el caso de la región, el PRCAL -que cuenta con representación en diversas provincias de Castilla y León además de en Burgos-, se ha comprometido a apoyar las actuaciones que las entidades prevén llevar a cabo, «entre las que se estudia una nueva manifestación, esta vez en Valladolid», avanzó Delgado.  

El también alcalde de la localidad burgalesa de Caleruega, reiteró así los argumentos que desde que se conociera en julio la intención del Gobierno Central de eliminar las pedanías y entidades menores, se han dejado oír desde todos los puntos de España.

Y el primero de ellos, la agria recriminación al Gobierno de Mariano Rajoy por que éste haya decidido acabar con los pequeños pueblos «metiéndonos a todos en el mismo saco, en lugar de señalar a los ayuntamientos grandes, medianos y pequeños que han malversado sus fondos, generando una grave deuda con la que el Estado quiere acabar de una vez», recriminó.

El segundo, el nulo ahorro que esta medida traerá consigo, «ya que se quitará de en medio a cientos de ediles y responsables que hoy se ocupan personal y gratuitamente del cuidado de estos núcleos rurales, a los que el Gobierno Central está sentenciando a muerte».

Por ello, se mostró esperanzado de que tras el multitudinario acto  de ayer, el Ministerio escuche las miles de voces que se han levantado contra esta medida, «y se decida a analizar en profundidad las consecuencias de la desaparición de las pedanías, ahora que el anteproyecto está aún en trámites y antes de que sea demasiado tarde».