Nuclenor espera a saber el coste por sus residuos para decidir sobre Garoña

J. C. R. / BurgosLa empresa que explota la central de Garoña, Nuclenor, está en pleno proceso de elaboración de sus cuentas para determinar si desde 2013 a 2019 podrá soportar la producción sin tener pérdidas. Y es que según el presidente del Comité de Empresa, Alberto César González, ya «conoce la tasa general que el Gobierno impondrá a las eléctricas, un 6%» y la «cantidad que tendrá que pagar por kilogramo de metal pesado producido, 2.190 euros», aseguró González a este periódico.Cuando se determine la tasa que la Empresa Nacional de Residuos, Enresa, por el almacenamiento de los bidones que tiene en la piscina de la propia central, Nuclenor sabrá todas las variables y podrá determinar qué coste tendrá que soportar. Eso y el cálculo de ingresos hasta el fin de la concesión de la licencia para operar. Si las cuentas le salen positivas, aún con la inversión necesaria para seguir, la planta seguirá abierta. Sin el saldo es negativo, el 6 de julio de 2013, la planta echará el cierre.Por eso, González albergaba ayer «un pequeño rayo de esperanza» tras la reunión que celebraron ayer con los dirigentes de la planta del Valle de Tobalina. Un pequeño rayo de luz, a la espera de que a finales de la semana que viene se concrete con más datos la realidad de la empresa. Según González, la empresa «estudia el precio al que ha de cobrar el kilowatio» cuando las nuevas tarifas que establezca el Gobierno entren en vigor.Tarifas o precios gravados con un sistema impositivo diferente que, al fin y a la postre, es lo que le ha llevado a Iberdrola y a Endesa [que también «harán cuentas», según González para aplicarlas al ámbito general] a replantearse el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña.‘Un clavo ardiendo’Los trabajadores se agarran a ese ‘clavo ardiendo’ ahora que saben que desde Nuclenor se baraja la posibilidad de seguir adelante; pero nadie las tiene todas consigo. ¿A qué hay que esperar, entonces? En primer lugar a que la empresa mueva ficha y les confirme a los trabajadores cuánto beneficio menos va a recibir en el caso de que se les grave con un impuesto más, sea de la Administración general o la autonómica. En segundo lugar, la estimación definitiva de las inversiones que ha de realizar en la planta atómica y que el Consejo de Seguridad Nuclear dé las pautas y los elementos de seguridad a mejorar.Con esas otras dos variables, Nuclenor tendrá un mapa económico muy concreto para saber cuanto ha de invertir y la rentabilidad que le puede sacar a de aquí a 2019.La empresaLa reunión prevista entre los trabajadores y la empresa se celebró ayer desde las 8:30 horas. La cita «no tiene carácter definitivo», según explicó el responsable de Comunicación de la central, Antonio Cornadó, quien recordó que «no se harán más valoraciones» al respecto hasta tener todo atado.Aunque Nuclenor dejó pasar el plazo para solicitar la prórroga, que finalizó el 5 de septiembre, la empresa dispone todavía de plazo hasta el 3 de octubre para formular un recurso de reposición ante el Ministerio de Industria. De prosperar el recurso, se alargaría el plazo para pedir la nueva prórroga hasta el 5 de noviembre, aunque el Consejo de Seguridad ya ha pedido que la empresa entregue la documentación para preparar el desmantelamiento.ParlamentoPor otra parte, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares preguntó en el Congreso de los Diputados sobre la posición que mantiene el Gobierno en torno a la prórroga de la y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para la reactivación de la comarca en los próximos presupuestos.Y la formación Bildu reclamó ayer al Gobierno que se determine ya la fecha concreta del cierre definitivo de la central. Gorka Ortiz de Guinea e Iratxe López de Aberásturi insistieron en que se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cierre de Garoña y su proceso de desmantelamiento, como inicio del «fin de un ciclo nuclear que se ha demostrado fracasado». En la moción, Bildu muestra sus sospechas de que, aunque sea de forma ilegal, el Gobierno español y el PP «pretenden conceder otra prórroga» a Garoña y reclama no sólo su cierre inmediato, sino que tienen que establecerse «las medidas necesarias para garantizar la seguridad hasta el cierre y también después».EH Bildu defendió que «se debe respetar la voluntad popular» en este asunto y advirtió de que «la sociedad no aceptará ya más trampas ni concesiones». Por esa razón, exigió que «se determine la fecha del cierre definitivo y se convierta en inamovible».