FUTURO EMPRESARIAL
Industria da buenas palabras pero no se compromete sobre Montefibre
El Ministerio adelanta al alcalde mirandés, en la reunión mantenida ayer en Madrid, que la resolución del mix energético se publicará «entre diciembre y febrero»
E. M. / Miranda
El alcalde de Miranda, el socialista Fernando Campo, mantuvo ayer en Madrid una reunión con el director general de Política Energética, Jaime Suárez, cuyo argumento principal fue la política energética del Gobierno. En ella, Suárez anunció que el Decreto relativo a las tarifas y primas del sector energético «se publicará entre finales de diciembre y finales de febrero de 2014», fechó, una vez que se haya producido la aprobación de la ley que actualmente se encuentra en tramitación en el Parlamento.
El alcalde, quien viajó a Madrid acompañado por miembros de las directivas de Gestamp y Montefibre y con miembros del comité de empresa, buscó así lograr un compromiso del Ministerio para dilucidar el futuro de ambas plantas tras la resolución del mix energético.
Así, la delegación mirandesa expuso la situación de Montefibre, actualmente en concurso de acreedores y con Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Y también la de Gestamp, entidad que se encuentra pendiente de obtener la definición de las primas para las biomasas para su instalación en los antiguos terrenos de Rottneros, que tiene una inversión prevista en Miranda desde hace año y medio al contar ya con licencia ambiental y de obra para la producción de biomasa.
A este respecto, Suárez aseguró que las solicitudes que se hayan presentado antes de diciembre de 2011 «tendrán cabida dentro de las primas», como es el caso de Gestamp, lo que para el Ayuntamiento mirandés «supone un paso positivo para su instalación en la ciudad», detalló éste en una nota de prensa emitida tras la reunión. La Directiva de Montefibre, por su parte, fue requerida para aportar un informe complementario de su actividad empresarial y de las diferentes líneas de trabajo que se está planteando la empresa.
La fábrica lleva parada desde abril cuando tras iniciarse un Expediente de Suspensión Temporal de Actividad por 6 meses, que se ha ampliado ahora otros 90 días. El ERE afecta a los 246 empleados de la planta, aunque el comité ha pedido la exclusión del mismo de 20 personas cuya situación es «complicada, en algunos casos no tienen derecho al cobro de desempleo o acaba su contrato», explicó días atrás su presidente, Pedro Abellán. Para ellos, piden que se reincorporen en tareas de limpieza o mantenimiento, mientras se sigue a la espera de que el Gobierno concrete los detalles del mix eléctrico, del que depende el futuro de la planta.