El Correo de Burgos

RIBERA

La Plataforma por la Plaza pide que el expediente de sanción se retome

El procedimiento está parado y podría suponer un ingreso a las arcas municipales de 3 millones

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ARANDA
Burgos

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Convencidos de que el actual equipo de Gobierno ha trabajado más por favorecer los objetivos del empresario Victoriano del Río que por defender los intereses de Aranda, la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros ha presentado un nuevo escrito en el Ayuntamiento. En él exige a la alcaldesa, Raquel González, que incoe el expediente sancionador que en su día se tramitó contra las infracciones urbanísticas relacionadas con la construcción de la Plaza de Toros.Se trata de un procedimiento que se abrió y se anuló por un defecto de forma (al no ser la letrada instructora funcionaria), y que terminó en la vía penal dentro de una querella que la Plataforma interpuso. Y todo porque entendía que el Ayuntamiento había dejado prescribir las sanciones, al pasar los cuatro años de plazo que a su parecer tiene el Consistorio desde que el funcionario de turno detecta la infracción (hecho que ocurrió en marzo de 2008).Sin embargo, tanto el fiscal como el juez archivaron el caso asegurando que el plazo no había expirado al estar las obras sin acabar.«Teniendo en cuenta este punto de vista y a sabiendas de que se concedió la licencia en septiembre de 2014 -dando por finalizadas las obras-, pedimos que incoen de nuevo el expediente sancionador», explica el abogado y portavoz del colectivo, Julián Mateos, consciente de que las sanciones podrían rondar los 3 millones de euros.La Plataforma por la Plaza aboga, en este sentido, por completar el expediente con una nueva visita técnica en la que se compruebe si hay o no más irregularidades. Si no se hace, advierten, emprenderán acciones legales de carácter personal contra quienes lo impidan. Para ello, dan de plazo el 24 de mayo, fecha en que se celebrarán las elecciones municipales.Sin noticiasLa preocupación se extiende a la Fiscalía, donde hace tres meses se analiza la querella que presentó el PSOE contra los cuatro concejales (Raquel González, Alfonso Sanz, Azucena Esteban y Marian Marín), que aprobaron la polémica licencia del coso. El PSOE interpuso la querella por un presunto delito de prevaricación urbanística en forma de trama preconcebida. En su argumentación, se aferró a las publicaciones en las que El Correo de Burgos - a través de su experto taurino, Iñigo Crespo-, adelantaba los acontecimientos de esta hoja de ruta antes de que estos se produjeran. «El periodista sólo podía saberlo, y por tanto publicarlo, si alguna de las partes intervinientes en la hoja de ruta negociada y pactada, así se lo hubieran afirmado». «Y desde luego, no se equivocó porque efectivamente, esta decisión formaba parte de la trama urdida y pactada entre los denunciados y los representantes de Toros Ricor», resumía la querella.Hoy, tres meses después, aún no se sabe si se ha admitido a trámite. «Es todo muy raro», analiza Mateos al recordar que no es habitual que un juez derive un caso así a la Fiscalía, y mucho menos que ésta pida alegaciones al Consistorio. «Ha sido una tramitación lenta y extraña», sospecha con el temor de que detrás de tanto retraso se esconda un deseo de dejar pasar las elecciones municipales. O lo que sería peor,. «de archivarlo». «De ser así presentaríamos un recurso».DenunciaTambién en el aire se encuentra la denuncia por injurias y calumnias que los afectados, Azucena Esteban, Raquel González, Alfonso Sanz y Marian Marín, presentaron contra la Plataforma, por las declaraciones en las que el colectivo alertaba de una posible trama de corrupción. Y lamentaba la «babosa sumisión» con la que actuaban estos ediles con Victoriano del Río. «Presentamos un recurso y estamos a la espera», explicaba Julián Mateos.

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