MIRANDA
El PP se opone a la contratación de la Oficina de Promoción Industrial
Los populares exigen su paralización por incumplimiento de la Ley de Racionalización
La última Junta de Gobierno Local ha aprobado el pliego de prescripciones técnicas de cláusulas económicas-administrativas para la contratación del servicio de dinamización de la estrategia Marco para el Desarrollo de la Economía Local y el Fomento del Empleo. O lo que es lo mismo, el paso previo para la contratación de la empresa que se encargue durante los próximos dos años de la Oficina de Promoción Industrial (Opime). La licitación, con un importe de 36.287 euros al año y un plazo contractual de dos, no tendrá opción a prórroga, aunque sí un periodo de estrategia hasta el 2020. Asimismo, el adjudicatario asumirá la coordinación, seguimiento y desarrollo de grupos de participación, la promoción industrial externa y delimitación de los planes de acción industrial, comercio y servicios o emprendimiento, así como la participación en foros locales y el desarrollo de estrategias de trabajo.Para ello, a través de procedimiento negociado sin publicidad -cursando invitación- se ha propuesto a tres empresas de la ciudad que presenten sus ofertas para hacerse con la gestión de la Opime. Se trata de Mardesa, Centro Tecnológico y Miranda Logística, que deberán decidir ahora si optan a un proceso sobre el que el Partido Popular solicita su paralización al mostrarse en desacuerdo con los términos en los que se ha redactado el pliego de condiciones.A parte de considerar que el proceso para su aprobación se ha llevado a cabo con «prisas», los populares denuncian una «actitud oscurantista» e «injustificada» para su puesta en marcha. Además, aducen que no se ha contado con el resto de formaciones políticas y que se ha actuado «de espaldas» a las principales asociaciones empresariales en la ciudad, que son las que «generan empleo», detalló su portavoz, Borja Suárez.El PP considera además que la partida bianual asignada al proyecto es «ridícula». Sin embargo, desde el equipo de Gobierno se justifica la cuantía porque es la cantidad «límite» para que se pueda realizar «por invitación», aclaró la alcaldesa, Aitana Hernando. De hecho, afirmó que ha sido voluntad municipal que la adjudicataria sea una empresa «de la ciudad» para que «sienta la promoción económica de Miranda como algo propio» en lugar de ser una compañía «de estas grandes que si lo sacas a concurso te puede presentar una oferta, bajar muchísimo el precio y Miranda convertirse sólo en una de las muchas oficinas que tienen en el país».Desde el Grupo Popular consideran que se trata de «una muestra más del fracaso en materia industrial» y añaden que el pliego cuenta con informes desfavorables del técnico municipal, que no consigue demostrar que el documento garantice el cumplimiento de la Ley de Racionalización. Algo que reconoció la propia alcaldesa al subrayar que esta ley «vacía de competencias las funciones de los ayuntamientos» y recordar que en otros procesos como las ayudas al alquiler o el pago de suministros «también se ha contado con informes desfavorables similares, pero las medidas han salido adelante por el bien ciudadano», concluyó.