Nuclenor asume con «normalidad» la multa ratificada de 18,4 millones
La plantilla se mantiene «como siempre» a la espera de que fructifique el recurso de casación ante el Supremo
La plantilla de Nuclenor continúa con su rutina diaria a pesar de la multa de 18,4 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ratificada esta semana por la Audiencia Nacional. Según expone el presidente del Comité de Empresa, Samuel Núñez, la situación de los empleados se mantiene «como siempre». Es decir, con la eterna incertidumbre sobre el futuro de la central nuclear, que se mantiene «en stand by al igual que hace dos años».En lo que respecta al proceso judicial, Núñez señala que «ahora mismo sigue su curso». Con ello se refiere al recurso de casación presentado por la compañía ante el Tribunal Supremo con el fin de anular la sentencia. Así pues, consideró que es «normal» agotar la vía judicial «hasta el final». Por otra parte, señaló que la ratificación de la multa «no es algo inesperado», si bien la noticia, a su juicio, «no tiene más recorrido».Mientras tanto, el Gabinete de Comunicación de Nuclenor manifestaba ayer que la empresa no tiene intención de realizar «ninguna valoración» al respecto. No obstante, subrayaba que «acudir a una instancia superior es lo normal» en estos casos al tratarse de un «proceso judicial abierto». Al mismo tiempo, «sobre lo demás», informó de que a día de hoy no hay «ninguna novedad» que pueda arrojar algo de luz sobre la continuidad o cierre definitivo de la planta.La sanción impuesta por la CNMC a Nuclenor se basa en el incumplimiento por parte de la compañía de la Ley del Sector Eléctrico, que establece la obligatoriedad de comunicar el cese definitivo de la actividad con al menos un año de antelación. Por aquel entonces, la empresa adjudicataria de la central de Garoña contaba con permiso para operar hasta mediados de 2013. Sin embargo, el reactor se detuvo por completo en diciembre de 2012 debido al nuevo gravamen -con la consiguiente subida- sobre el combustible nuclear. En esta tesitura, Nuclenor se amparó en la prevalencia de la regulación nuclear, por la que no se requieren avisos previos.El presidente del Comité de Empresa recuerda como si fuese ayer esa «subida de impuestos que nos llevaba directamente a la quiebra». «Aquello sí que fue un golpe», dado que desde la compañía se esperaba la «ayuda del Gobierno» en lugar de una nueva fiscalidad que consideraba excesiva.En este sentido, diciembre de 2013 aparece marcada en rojo en el calendario de la plantilla. Fue cuando, en palabras de Núñez, «vimos peligrar la central» debido al pago de 153 millones que debía afrontar y que finalmente se evitó gracias a la extracción de combustible.Un año después, concretamente en julio, Greenpeace mostraba su malestar al conocer la multa de 18,4 millones, dado que en opinión de sus representantes dicha cantidad suponía una «minucia», totalmente asumible para la empresa, y un paso adelante para reabrir la planta en el futuro.La cuantía final de la sanción se estableció en base a los beneficios obtenidos por Nuclenor durante el año 2011, que ascendieron a 184 millones de euros, tomando como referencia el 10%.Al margen de los vaivenes judiciales que giran desde hace años en torno a la central, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) anunció a principios de junio que «en torno al mes de noviembre» estará listo el informe que determine la viabilidad o no de reabrir la central de acuerdo -en gran parte- a los trabajos que estos momentos lleva a cabo Nuclenor.