El centro solicita más policías contra el botellón

Vómitos en los portales, excrementos, grafitis, peleas, enfrentamientos y cristales rotos. Es el día a día de los vecinos del centro, que hartos de vivir «en una ciudad sin ley» han decidido unirse para exigir una solución donde corresponde, en el Ayuntamiento de Aranda de Duero. «No podemos seguir así», insiste Juanjo Morañón, portavoz de esta plataforma ciudadana que se ha creado para poder «vivir en paz».El epicentro se encuentra en el triángulo comprendido entre las calles Puerta Nueva, Travesía, Comadres y Barrionuevo. «Necesitamos que el Ayuntamiento haga respetar las ordenanzas, las leyes y el horario de cierre de los bares», apremia. Con este objetivo, y tras la reunión celebrada el viernes en la que se congregaron 130 vecinos -incluidos dueños de comercios y de establecimientos hosteleros que también se ven afectados por el botellón-, el colectivo volverá al pleno como ya lo hizo en mayo. Lo hará este jueves para reclamar lo que a priori parece la solución más eficaz: incrementar una plantilla policial que cuenta con 34 efectivos y que en un municipio de 35.000 habitantes debería tener 49. «No queremos que se sigan escudando en la falta de personal de la Policía Local», agrega otro de los portavoces, Carlos Rodríguez, con la vista puesta en unos baños portátiles que el equipo de Gobierno se comprometió a instalar en verano y que ni «llegaron al Sonorama, ni a las fiestas». «Seguimos esperando», lamenta.El olor, explican, «es asqueroso». «Algunos están pensando ya en vender sus casas», relata una vecina consciente de la devaluación de la zona. Preocupados por la situación, los miembros de la plataforma se ha puesto en contacto con el subdelegado de Gobierno, con la Junta de Castilla y León y con el Procurador del Común. «Tanto el subdelegado de Gobierno como el delegado territorial nos han dicho que la competencia es municipal», advierten mientras ponen como ejemplo Madrid, una ciudad donde si bebes alcohol en la calle, la Policía te quita la bebida y si eres reincidente te multan.Inacción municipalConvencidos de que la propuesta que planteó la alcaldesa, Raquel González, en el pleno de mayo de contratar seguridad privada para controlar los botellones del centro no es la solución, Sí se Puede e Izquierda Unida-Equo presentaron un escrito con alternativas a corto, medio y largo plazo para conciliar el derecho al descanso del vecindario con el derecho al ocio de la juventud arandina.Entre las soluciones, los grupos de la oposición abogaban por contratar conciertos los días clave -como el inicio de las vacaciones estivales- en zonas adecuadas donde no estaría permitida la entrada con alcohol a menores de edad. Para controlar dicho espacio, habría que reforzar la plantilla de Policía Local coordinándola con el resto de cuerpos de seguridad a través de una Junta de Seguridad, al igual que en fiestas o en el Sonorama. Además, insistían en la necesidad de controlar a los comercios que distribuyen bebidas alcohólicas.A medio plazo, IU y Sí se Puede planteaban crear espacios gestionados por la juventud y tutelados por el Ayuntamiento y dotar a la Policía Local de los medios necesarios para mantener la cadena de custodia de las pruebas recogidas para poder sancionar a los que beban en la vía pública. A largo plazo, la recomendación pasaba por la concienciación en escuelas e institutos a través de gente joven que contase sus experiencias negativas con el alcohol. «Ni el concejal de Seguridad Ciudadana, ni la de Juventud, ni nadie del equipo de Gobierno nos ha hecho el menor caso», lamentó el portavoz de Izquierda Unida, Jonathan Gete.Fuera del ámbito político, la empresa que cada fin de semana se encarga de la limpieza, Urbaser, remitió también un escrito el pasado mes marzo en el que advertía de la necesidad de incrementar la asistencia en el triángulo formado por las calles Barrionuevo, Cascajar y Arco Pajarito, todos los sábados, domingos y festivos, desde junio hasta el 30 de septiembre. Al ser un servicio no contemplado en el contrato, su realización conllevaba un sobrecoste de 10.000 euros por 42 jornadas de trabajo. Sin embargo, la respuesta municipal tampoco llegó.