La Diputación cierra filas para mejorar la financiación local

La Diputación Provincial reclamará al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León una revisión en profundidad de la financiación y la cooperación económica local con el objetivo de incrementar las transferencias actuales de la Comunidad a los ayuntamientos. El acuerdo, propuesto por el PSOE y aprobado por unanimidad durante la sesión plenaria de ayer, incluye al Estado, tal y como solicitaron tanto la oposición como el equipo de Gobierno.De hecho, el Partido Popular y Ciudadanos criticaron de entrada la moción al entender que los socialistas pretendían obviar la implicación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al diputado de la formación naranja, José María Fernández, le sorprendió «ingratamente» que la proposición solo aludiese a la Junta, de ahí su negativa, en un principio, a votar a favor. Por su parte, el portavoz de Imagina Burgos, Marco Antonio Manjón, se mostró «de acuerdo» con una propuesta que los socialistas ya defendieron en abril del año pasado. Por aquel entonces, eso sí, reclamando la involucración del Estado.En la misma línea que Imagina y Cs, el portavoz del equipo de Gobierno, Borja Suárez, supeditó el apoyo de los populares a la inclusión de un punto que mencione expresamente la necesidad de reanudar las negociaciones con Madrid para «resolver» cuanto antes la financiación autonómica desde la «igualdad» entre todas las comunidades autónomas y primando «criterios de despoblación y territorialidad». Dicho esto, se mostró convencido de que una negativa a su planteamiento supondría inequívocamente que el PSOE solo busca un «rédito electoral».«Ningún problema», respondía el portavoz del grupo socialista, David Jurado. Es más, remarcó que su partido mantiene su espíritu reivindicativo incluso estando en la Moncloa mientras daba por perdido el voto favorable de Ciudadanos porque sus representantes «no quieren incomodar ni lo más mínimo a la Junta de Castilla y León».Antes de la aprobación por unanimidad de la moción, Suárez defendió un planteamiento de financiación «sostenible» y «justo» que requiere de una mayor inyección económica. No obstante, subrayó que los ingresos corrientes liquidados de la Institución Provincial se han incrementado considerablemente durante la última década. En este sentido, precisó que la partida consignada en 2008 ascendía a 88,7 millones de euros, mientras que el año pasado superaba los 99 millones. Con esta última cifra, Suárez enfatizó que la Diputación se ha beneficiado de «la mayor financiación por parte del Estado y de la Junta de Castilla y León que hemos tenido nunca», hasta el punto de que «ni antes de la crisis» se había habilitado una dotación tan grande.Sin consensoEl consenso se rompió con la moción de Ciudadanos para que la Diputación destine, por lo menos, el 30% del presupuesto del próximo año a los Planes Provinciales. Con esta propuesta, tal y como manifestó el portavoz de la formación liberal, Lorenzo Rodríguez, lo que se pretende es que los ayuntamientos «decidan dónde invierten», garantizando al mismo tiempo una «igualdad de oportunidades» a la hora de acceder a las ayudas.Desde Imagina, que apoyó la proposición, su portavoz planteó la posibilidad de «equiparar» los gastos de personal (35%) con los Planes Provinciales eliminando al mismo tiempo las competencias impropias que asume la Institución Provincial. En este sentido, se mostró partidario de que la Junta financie de manera «íntegra» las residencias de ancianos aunque la Diputación «las siga gestionando». Por otro lado, criticó que las pedanías se encuentren «sin voz ni voto» y «condicionadas a la voluntad de los municipios».Mientras Jurado se preguntaba cómo se podrían detraer fondos provinciales para alcanzar ese 30% convencido de que la moción es un «brindis al sol», Suárez aseveró que destinar dicho porcentaje a día de hoy resulta «imposible» porque es necesaria una «mejor financiación». En cualquier caso, sacó pecho al afirmar que la Diputación sigue una «inercia» en positivo con el fin de «seguir aumentando en la medida de lo posible los recursos propios».La moción ya estaba perdida de antemano porque el PP, con mayoría absoluta, había dejado claro su rechazo. Aún con todo, el PSOE llegó a plantearse la opción de votar a favor si Cs detallaba de dónde se podrían sacar fondos suficientes para llegar al 30%. Al final, Rodríguez lamentó que los populares estén «abandonando a su suerte» a los pueblos y solo consiguió el apoyo de Imagina, ya que los socialistas decidieron abstenerse.Tampoco salió adelante la proposición de Imagina para que la Diputación habilite equipos para la limpieza de montes. No solo por motivos de «seguridad» para prevenir incendios, sino también para generar «empleo» y promover el «aprovechamiento energético» de los recursos forestales. En este caso, el Partido Popular se opuso a la propuesta al considerar que la gestión de esos aprovechamientos no es competencia de la Institución Provincial.Enfrentamiento de posturas por la Ley ElectoralEra de esperar que la moción presentada por el Partido Popular para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) generaría un intenso debate entre los grupos de la Diputación. Y así fue, hasta el punto de registrarse el debate más bronco en la que va de legislatura, con gritos, reproches y acusaciones entre bancadas que impidieron, por momentos, una discusión sosegada del tema a tratar.El portavoz del equipo de Gobierno, Borja Suárez, optó por la brevedad a la hora de presentar un planteamiento de sobra conocido por la oposición. Acto seguido, Lorenzo Rodríguez (Ciudadanos) aseguró que su formación comparte el «fondo» de la propuesta, aunque no dudó en criticar el afán de los populares por «asegurarse una mayoría de rodillo».En medio de la tempestad, la diputada de Imagina Burgos, Eva de Ara, aportó algo de calma a la sesión con una exposición mucho más pausada en la apeló a la necesidad de modificar «en profundidad» la Ley Electoral, aunque no bajo las premisas del PP, que a su juicio pretende «fomentar el bipartidismo o el unipartidismo». Por ello, defendió el fortalecimiento de la «democracia participativa» y la «pluralidad» a través del consenso entre partidos que, quieran o no, deben pactar en un escenario político cada vez más plural.También proclive a posibles cambios pero no en la línea de los populares, el portavoz del PSOE, David Jurado, criticó el «interés particular» del PP de cara a las elecciones y su incapacidad para «alcanzar acuerdos». Al mismo tiempo, subrayó que con este sistema Soraya Sáez de Santamaría sería la presidenta del partido.En respuesta a todas estas acusaciones, Suárez defendió una propuesta «para todos» que podría beneficiar a cualquier formación, amén de lamentar la existencia, a día de hoy, de «ayuntamientos ingobernables» mientras la ciudadanía reclama «estabilidad» a las administraciones.