Cazadores en pie de guerra contra la ministra Ribera

Leonardo de la Fuente VALLADOLID

Las declaraciones que recientemente realizó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Onda Cero sobre que, «desde su perspectiva personal no entiendo a todas aquellas personas que disfrutan en la caza o de los toros viéndolos sufrir a los animales y, aunque estas competencias no son de mi cometido, si de mí dependiera prohibiría las corridas de toros y la caza» han sentado entre el colectivo cinegético nacional y castellano y leonés como un auténtico mazazo, y poco menos que una declaración de guerra hacia el sector que engloba en la Comunidad de Castilla y León a casi 100.000 cazadores y en España a más de un millón de aficionados.En el ámbito nacional las respuestas a esta ministra no se han hecho esperar, incluso desde el Colegio de Ingenieros Agrícolas, estamento ajeno a la caza, estas manifestaciones han sido rebatidas, siendo la Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza quienes se han mostrado más críticos con estas declaraciones, que motivaron incluso dos duras quejas en forma de notas informativas.

En ellas el Presidente de la RFEC, Ángel López Maraver, manifestaba que «lamentamos que la ministra para la Transición Ecológica apueste por la prohibición de la caza mientras el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha solicitado ‘ayuda’ a los cazadores, poniendo de manifiesto que Teresa Ribera demuestra una total y absoluta ignorancia de la actividad cinegética y del mundo rural y por eso mostramos nuestro total rechazo a las desafortunadas manifestaciones de Ribera, justo el mismo día que el departamento de Luis Planas pidiera la ayuda del sector cinegético para luchar contra las enfermedades que afectan a la fauna silvestre».

Asimismo, la RFEC calificaba de «inaceptable» que un ministro use su cargo para posicionarse contra la actividad cinegética, refleje con su actitud prohibicionista un «total desprecio» hacia la libertad individual y de elección de más de un millón de cazadores españoles que practican una actividad totalmente legal y que además es apoyada, tanto por el Gobierno, como por el grupo político al que pertenece la ministra, demostrando de este modo una ignorancia fuera de lo común».Impacto económico

En Castilla y León la caza mueve al año en torno a los 600 millones de euros, según el estudio que elaboró el vallisoletano José Luis Garrido en 2013 y que es la reseña que sobre la actividad se ha tenido en cuenta hasta estas fechas, a pesar de que este mismo año se ha presentado un informe a nivel nacional, a cargo de la Fundación Artemisan, que cifra que la caza genera en todo el territorio nacional en torno a los 6.500 millones de euros.

En nuestra Comunidad, según señaló a este diario el autor del estudio regional, que además es Presidente Honorífico de la Federación de Caza de Castilla y León, «la cifra que mostramos en nuestro trabajo después de haber sondeado los 18 subsectores afectos a la caza, y que era de 501 millones de euros al año».La cifra en los últimos tres años ha sufrido una variación al alza que puede rondar entre un 20 y 25 por ciento, sobre todo por el repunte que está teniendo la caza mayor en relación al último dato que manejamos el año 2013 y que quedan reflejados en el gráfico adjunto.

«De este modo –prosigue Garrido–, estaríamos hablando de una cantidad anual actual en torno a los 600 millones de euros, sólo en nuestra Comunidad. Por eso la ministra debería ser más moderada en sus declaraciones y valorar que la caza es una actividad reglada cuya necesidad para la sociedad es un hecho irrefutable, pero no por motivos económicos.

La caza que nosotros preconizamos –racional, deportiva, ética y sostenible– es una actividad imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y la recuperación de la fauna silvestre más sensible; para el control poblacional y la remisión de daños a las personas, a la ganadería, a la agricultura y a las cosas, así como para mantener los valores silvestres de la bravura y seleccionar a los especímenes mejor dotados de una población cinegética.No buscamos desde la Federación de Caza de Castilla y León argumentar lo recomendable que es la actividad cinegética por el dinero que induce, ya que no consideramos que sea el atributo de mayor enjundia de la caza, aunque sí reconocemos que es un aspecto a valorar y conocer, especialmente en momentos tan sensibles para la economía como este», señaló José Luis Garrido.

Asimismo el ex director de la Escuela Española de Caza también recuerda que «si los cazadores no hubiéramos controlado la población de jabalíes, la agricultura sería imposible en muchas comarcas, la ganadería porcina podría verse comprometida sanitariamente en algunos espacios y circular por las carreteras al atardecer sería muy peligroso».«El mismo comentario podemos hacer sobre el conejo de monte en lo que se refiere a la agricultura. Ese control poblacional que permite a la explotación agrícola y ganadera en muchas comarcas castellano y leonesa, y por supuesto en toda España, y la posibilidad de viajar tranquilamente al crepúsculo genera, además, según el último estudio encargado por Artemisan alrededor de 6.500 millones de euros anuales. Esa inyección económica creada por la caza, permite también fijar población en los espacios rurales más deprimidos. Si como veremos, inducimos bastante riqueza en esta situación de crisis económica tan grave, es obvio pensar que la caza deportiva será siempre bienvenida para la sociedad inteligente y democrática», apostilla.

El presidente de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, califica las declaraciones de la Ministra como, «una ingrata sorpresa que demuestra su gran ignorancia además de una gravísima irresponsabilidad». Efecto sobre las especies

La prohibición de la caza –señala Villanueva– «provocaría un efecto letal y en cadena sobre las propias especies cinegéticas, sobre otras especies ganaderas con las que interaccionan, en las especies protegidas y en peligro de extinción, en la agricultura, en los accidentes de tráfico, en la salud del ser humano e incluso sobre el cambio climático. Además, por supuesto, de influir de forma muy directa en la socioeconomía de nuestro medio rural e incentivando el despoblamiento rural».

Luis Fernando Villanueva recordaba en la carta que esta misma semana remitió a la Ministra Teresa Ribera algunos datos sobre la caza, señalando que «en 2016 se produjeron en España un total de 9.472 siniestros agrícolas causados por fauna silvestre, la mayoría de casos por especies de caza».

También expresaba que quien no conoce la contribución positiva de la actividad cinegética a la seguridad vial, son casi 13.900 los accidentes de tráfico provocados por animales en vías asfaltadas, de los cuáles más del 54% correspondieron sólo a dos especies cinegéticas, jabalí y corzo.«Y cómo no, la aportación de la cinegética para el mantenimiento de la socioeconomía de nuestro medio rural. Un reciente estudio independiente realizado por Deloitte y coordinado por nuestra Fundación Artemisan expone que la caza aporta más de 6.475 millones de euros al Producto Interior Bruto, manteniendo más de 186.000 empleos y produciendo 614 millones de euros de retornos fiscales para las arcas públicas.

Pero no son sólo datos económicos, en España los propietarios y gestores de terrenos cinegéticos invierten conjuntamente más de 233 millones de euros en inversiones relacionadas con la conservación del Medio Ambiente», añade.En definitiva, «y como así reconoce la Unión Europea o la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la caza, más allá de cifras económicas, es importante bajo el prisma del capital ambiental, ejerciendo durante generaciones una labor silenciosa de conservación.

En el control de las sobrepoblaciones y de las enfermedades, en el cuidado, gestión y conservación del Medio Natural, en el mantenimiento de los Espacios Naturales Protegidos y, por supuesto, en la reducción de la siniestralidad agrícola y en la minoración de los accidentes provocados por especies cinegéticas. Usted debería defender la actividad cinegética y su gestión sostenible como un elemento de conservación y como valor económico añadido en el entorno rural», agrega el director de la Fundación Artemisan en su carta dirigida a la propia ministra de Transición Ecológica.