Garoña se prepara para el desmantelamiento

Enresa ha presentado hoy al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la documentación para solicitar la autorización para la primera fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña y la transferencia de titularidad. El Ministerio tendrá que evaluar el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear y los dictámenes e informes que correspondan, incluida la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), antes de tomar una resolución.

No obstante, las previsiones de Enresa retrasan un año el plazo previsto y en lugar de comenzar en 2021 se pospone el arranqnue del desmantelamiento a 2022. Comenzaría con una primera fase, con una duración prevista de 3 años, en la que se arrancará con el vaciado del combustible nuclear de la central. En primer lugar se procederá a la carga en los contenedores del combustible gastado y su traslado desde la piscina al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la propia central.

Después de desmontará el edificio de turbina para acondicionarlo como edificio auxiliar de desmantelamiento necesario para la ejecución de la segunda fase, según explica Enresa.

Ya en 2025 comenzaría, según los planes de la empresa nacional de residuos, la ejecución de la segunda fase del desmantelamiento requerirá también de la validación del Consejo de Seguridad Nuclear y la autorización del Ministerio y que durará 7 años, con lo que los trabajos principales del desmantelamiento no estarán finalizados hasta, al menos, 2032.

Esta fase es vital porque supone el desmantelamiento del reactor nuclear, así como del resto de edificios con implicaciones radiológicas, siguiendo con las actividades de descontaminación, desclasificación y demolición de los edificios del complejo de Santa María de Garoña, para concluir con la restauración ambiental de la parcela que durante décadas ha ocupado la central burgalesa.

Hasta que Enresa reciba la autorización del desmantelamiento de la primera fase y la transferencia de titularidad de la central, continuarán avanzando las actividades preparatorias, que este organismo denomina fase de transición.

El coste total estimado del desmantelamieno ronda los 468 millones de euros

De hecho, Enresa y la empresa propietaria de la central, Nuclenor, han finalizado recientemente la caracterización radiológica del edificio de turbina y están a punto de poner fuera de servicio los sistemas no necesarios para el desmantelamiento de la central. Próximamente se iniciarán las actividades relacionadas con la eliminación de riesgos convencionales, la descontaminación de sistemas y la adaptación de las instalaciones auxiliares a las necesidades del desmantelamiento, así como la carga de los primeros 5 contenedores de combustible gastado y su traslado al ATI, según explica Enresa.

El

coste total

estimado para las actividades contempladas en todas las fases mencionadas es de unos

468 millones de euros

, que procederán del Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que gestiona Enresa y que se nutre de la prestación que satisfacen los titulares de las centrales nucleares en explotación. En esta cantidad no se incluye el coste ya incurrido de construcción del ATI ni tampoco los contenedores para el combustible gastado.

Creación de empleo

Enresa está obligada a facilitar la actividad económica y la creación de empleo en el entorno de la central, en el marco de la Estrategia de Transición Justa y de sus convenios de transición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Para ello buscará la colaboración con los Ayuntamientos y los agentes sociales y económicos provinciales y regionales.

La central nuclear de Santa María de Garoña, con una potencia eléctrica de 466 MW, se inauguró en 1971 y cesó la generación de electricidad en diciembre de 2012. Por Orden del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se le denegó definitivamente la renovación de su autorización de explotación en agosto de 2017.