La constructora de la comisaría se harta y renuncia a rematar la obra

La empresa constructora a la que el Ayuntamiento de Aranda de Duero había adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de la nueva comisaría de Policía Local va a renunciar al contrato. Así lo advierte a este periódico el gerente de la empresa CHR, Miguel Riesgo.«Vamos a solicitar la resolución del contrato», adelanta, convencido de que las trabas continúas del Consistorio impiden retomar una obra que lleva demasiado tiempo parada.Al haberse superado los seis meses de paralización en la ejecución de los trabajos, la ley ampara al contratista. No solo tiene derecho a solicitar la resolución, también puede pedir daños y perjuicios, según la Ley de Contratos del sector público.«Tener una obra parada dos años no es gratis. Cada minuto que pasa le cuesta dinero a la empresa que represento», señala, sorprendido porque tras años trabajando con diferentes administraciones nunca le había pasado algo así. «Esta sería la primera obra que no terminamos en toda la historia de nuestra empresa», lamenta con hastío, porque pese haber planteado «multitud de soluciones, todo son buenas palabras pero cero hechos».Si se rompe el contrato habría que hacer cuentas. En su opinión, la estructura completa –tal como está- representa el 25% del presupuesto. «Es una pena porque eran cuestiones muy sencillas pero nadie se ha puesto al frente para resolverlas».La historia se remonta a octubre de 2018 cuando el Ayuntamiento adjudicó un proyecto que buscaba solventar la precariedad actual de la comisaría de los Jardines de Don Diego. A la hora de decantarse por esta constructora el Consistorio tuvo en cuenta, además del precio, que fue el más bajo, que como mejora ofrecía construir un sótano en el subsuelo, algo que el proyecto inicial no contemplaba, pero sí el pliego de condiciones para la adjudicación.Aunque el siguiente paso hubiese sido elaborar un proyecto refundido, desde el Ayuntamiento se dio la orden de comenzar las obras de inmediato y ahí comenzó todo. «La dirección facultativa ha realizado también multitud de propuestas que mejoran la calidad del edificio pero los técnicos municipales no han considerado conveniente aprobarlas y ni la dirección facultativa ni nosotros entendemos por qué», lamenta la constructora.Inspirados en las opciones que daba el sótano, el Ayuntamiento – haciendo caso a las propuestas del sindicato de la Policía Local- decidió modificar el proyecto inicial, para incluir en la planta inferior, un gimnasio y un garaje.Estos cambios posibilitaban agrandar los despachos de atención al público en la planta superior. Sin embargo, el departamento de Contratación puso un pero: el acondicionamiento de esta nueva zona debía materializarse con una nueva adjudicación. El equipo de gobierno pasó entonces a solicitar a la constructora que realizase el sótano pero teniendo en cuenta la futura instalación del garaje, el gimnasio y el ascensor, algo que la empresa entiende, aumenta de forma considerable el coste de la obra.El Ayuntamiento paró los pagos sin hacer frente a las obras ejecutadas hasta el momento. «Empezamos la obra en diciembre de 2018 y no se hizo efectivo el primer pago hasta enero de 2020», señala mientras deja claro que aunque en enero de 2020 lograron cobrar lo que faltaba de 2018 y 2019, «faltan muchas cosas». «Nosotros estamos dispuestos a retomar el trabajo porque sería la primera obra que no acabamos en toda nuestra trayectoria como empresa, pero necesitamos que nos digan cómo».Y es que, ahí está la cuestión, en que el Ayuntamiento no ha aprobado modificaciones al proyecto, que diga cómo y por dónde retomar la obra. «Hemos tenido más de diez reuniones, la última hace apenas un mes y siempre pasa lo mismo. Se consensua, parece que hemos llegado a un acuerdo pero luego el Ayuntamiento rechaza el modificado», reprocha a sabiendas de que de las últimas alegaciones presentadas, el Ayuntamiento solo ha aprobado una mínima parte. «Desde luego no estamos de acuerdo con el informe para la no aprobación de las modificaciones», zanja.Tampoco hay acuerdo en el precio. Mientras el Ayuntamiento está dispuesto, según confirma el concejal de Obras, Alfonso Sanz, a incrementar el presupuesto un 10%, «como máximo», para la constructora esta cifra no responde al nuevo proyecto que se pretende construir y el viejo es «inmaterializable puesto que no se pueden ejecutar trabajos sin haber sido previamente proyectados». PagosSus desencuentros con el Ayuntamiento se extienden a otros proyectos como el Picón, donde CHR forma parte de una UTE que «cumplió con su contrato, como así lo certificó la dirección facultativa mediante el documento de fin de obra» y que, según aseguran representantes de esta unión temporal de empresas, recibieron muchísimas presiones por parte del Ayuntamiento para poder celebrar el Sonorama 2019. El festival se hizo en el nuevo recinto después de firmar «precipitadamente un acta de ocupación temporal, que es, en sí, un acta de recepción de obra, para la celebración del evento».No es el único tema pendiente. Avales, fianzas de residuos, garantías de buena ejecución de obra, obras menores, que «no se han cobrado aún» y que la ciudadanía de Aranda lleva disfrutando desde 2017 y 2018, como por ejemplo, el campo de tiro… que se ven obligados a reclamar en vía judicial porque el Ayuntamiento «aunque recibe las solicitudes, no las responde» Miguel Riesgo. Los números hablan por sí solos. «Estamos hablando de más de medio millón de euros que muy a nuestro pesar, porque este es nuestro pueblo, nos obligan ya a tomar otro tipo de medidas», concluye.