La Plataforma por el Directo pide 40.000 euros para demandar a Fomento

Tras años de reclamaciones sin respuesta y de promesas incumplidas, la plataforma por el ferrocarril Madrid-Burgos ha decidido demandar a Adif y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por abandono de la línea.Con el fin de sufragar unos costes de abogados que ascienden a 40.000 euros, el colectivo ha iniciado una campaña de recaudación que se llevará a cabo en las tres provincias afectadas por el abandono del Directo (Madrid, Segovia y Burgos).Para recabar donativos, los responsables de la plataforma han abierto un número de cuenta en la entidad BBVA (ES68 0182 0784 0102 0159 1573) y, además, adelantan que se «contemplan otras posibles vías para las aportaciones en un futuro».El colectivo hace así un llamamiento a empresas, ayuntamientos y a cualquier ciudadano que quiera colaborar con la causa. «No podemos seguir esperando», urge el presidente de la plataforma, Jorge Núñez.Con este dinero, explican, se iniciará de forma urgente el procedimiento y se contratará la reclamación previa administrativa. «La intención de la plataforma es iniciar primero la reclamación previa y en caso de silencio administrativo, continuar con la presentación de una demanda judicial por la vía contencioso administrativa», informa a sabiendas de que la paralización y el abandono del tramo comprendido entre Aranda de Duero y Manzanares–Soto el Real (Madrid), genera un grave perjuicio económico, social y medioambiental.Entrados en materia, la demanda se basará en la inactividad de las administraciones públicas y actuaciones «irregulares» de dicho tramo de la línea de ferrocarril, «que lleva desde 2011 sin contar con unas mínimas actuaciones para su conservación», «con claro incumplimiento de la legislación ferroviaria».El despacho de abogados que ya ha sido elegido, conoce «al detalle toda la información» y considera «viable el procedimiento». «También han sido elegidos los peritos que realizarán los informes necesarios para llegar hasta el final en este procedimiento judicial», detalla sin olvidar que además hay varios ayuntamientos y asociaciones interesados en participar en este proceso legal.«La ciudadanía debe saber la verdad por encima de cualquier promesa electoral. Debemos salir de esta ignorancia a la que nos confinan y dejar de aceptar las fotos y halagos de los políticos con nuestra línea. Necesitamos hechos y no palabras», zanja.Hay que recordar que la línea ferroviaria conocida como ‘Directo’ fue inaugurada en 1968. Consta de 280 Km de longitud y pertenece en su totalidad a la Red Ferroviaria de Interés General del Estado. En 2011 llegó el cierre obligado (en la conexión entre Aranda y Madrid) tras el derrumbe de una parte del túnel de Somosierra.La condena fue definitiva ya que, el único arreglo que se ha hecho desde entonces es el tapiado de los accesos. «El tapiado del túnel solo contribuye al deterioro exponencial del mismo por presi ón, calor y humedad», advierte preocupado porque tampoco se ha limpiado ni desbrozado la línea en todo este tiempo.De poco han servido, lamenta, los diferentes estudios favorables y el apoyo recabado de multitud de entidades, operadoras, sociedad civil, puertos o asociaciones empresariales. «El inmovilismo político ha sido flagrante los pasados años, sin ninguna inversión», recrimina convencido de que «con la vía política agotada desde hace ya años» solo queda tomar acciones legales.«Esta línea tiene un amplio historial de quejas. Antes de continuar, debemos aclarar los hechos y conocer a los responsables de esta situación, para que no se vuelva a repetir en un futuro», termina Núñez.Ante la posibilidad de que el departamento de Intervención ponga pegas a los ayuntamientos, el colectivo amplía la petición a los grupos municipales, que cuentan con presupuesto propio.