La Comunidad de Regantes Canal de Aranda, en pie de guerra

Tras cinco años de conflictos, acusaciones cruzadas y batallas judiciales, once de los quince miembros de la junta directiva de la Comunidad de Regantes del Canal de Aranda, han comenzado a recoger firmas para exigir al presidente, Ángel Miguel Sancho, que convoque la asamblea general con la que se podrán renovar todos los cargos de la junta de gobierno. ¿Su objetivo? Lograr el 25% de los apoyos para que los regantes decidan el futuro de una comunidad que, dicen, está “paralizada”.Según explican, los enfrentamientos con el presidente y los juicios que ha promovido, han impedido realizar inversiones de mejora en la red de acequias y han conllevado “una importantísima suma de gastos de juicios, abogados y procuradores, difícilmente asumibles”. “Las inversiones de un año se van a ir en estos procedimientos, estamos hablando de mucho dinero”, lamenta el vocal, Ildefonso Casado.En su opinión, la crisis a fecha de hoy “ha subido un grado más, haciendo imposible gobernar y atender la Comunidad en sus necesidades más cotidianas”, como los contratos de trabajadores, reparaciones, escritos de usuarios, pago a proveedores y sin olvidar el bloqueo de cuentas, que ambas partes lamentan.  “Si no acabamos con este bloqueo no podemos garantizar ni la gestión ni que el agua llegue a todos, ni tan siquiera la continuidad de la Comunidad de Regantes”, urge desde la junta directiva, Casado.Entre los argumentos que los convocantes exponen destaca la nula gestión de un presidente “que hace lo que le da la gana” y que se “niega” a celebrar las juntas de gobierno; un órgano vital en el funcionamiento de la comunidad de regantes al decidir tanto los presupuestos como las inversiones.585 votos de 1.900 regantesAunque la Comunidad cuenta con 1.900 regantes que pagan cuota de riego, el número de votos se limita a 585 ya que, para votar hay que tener un mínimo de una hectárea (si se tiene menos se puede asociar con hasta cuatro regantes para formalizar un voto). “Aquí estamos once de los quince miembros de la Junta, más la secretaria y el abogado, Raúl Díez”, afirman conscientes de que aunque la facultad de convocar corresponde al presidente, la Confederación Hidrográfica del Duero puede actuar de oficio. “Algo hay que hacer”, afirma el vicepresidente, Emilio Rojo, preocupado porque mientras se “pierde el tiempo en juicios”, siguen pendientes inversiones y retos como la próxima campaña de riego, que además se presenta incierta por “la escasez de agua almacenada”.Según detallaron ayer ante la mirada de más de 200 participantes, la propia Confederación Hidrográfica del Duero avala esta iniciativa y ha abierto incluso “un expediente sancionador” al presidente por el retraso de la convocatoria. La tensión, aseguran, es máxima. “Esta misma mañana (por ayer) el presidente ha mandado un escrito llamándonos golpistas y usurpadores. Incluso llega a decir que nos hemos apropiado de bienes de la Comunidad”, rechaza el tesorero, Javier Rojas.Los intentos para reconducir la situación han sido “muchos”. “La situación de esta comunidad es difícil de encontrar a nivel nacional”, analiza el abogado, Raúl Díez, a sabiendas de que el enfrentamiento ha derivado en quince procesos judiciales desde el año 2017, algunos todavía no resueltos. Con el fin de solicitar formalmente la convocatoria de la asamblea general, el abogado ha enviado ya siete burofax. “Solo queremos que la gente decida. Si deciden que el presidente repita pues adelante pero tenemos que acabar con esta situación de bloqueo”, insiste el vicepresidente."Falsedades y mentiras"Para el presidente, Ángel Miguel Sancho, son todo “falsedades y mentiras”. “Desde abril de 2017 estoy siendo víctima de una campaña de desprestigio y deshonor de la que me tengo que defender”, advierte Ángel Miguel Sancho en este periódico, mientras deja claro que para él, ni Javier Rojas (tesorero) ni Mónica Agüera (secretaria) forman parte de la Junta porque fueron cesados. El primero por meter en juicios a la Comunidad de Regantes y la segunda, por “desobediencia voluntaria”, como fija el artículo 63 de las ordenanzas. “Estoy deseando convocar la asamblea general pero no de manera ilegal. Primero tengo que tener el acceso que me han negado a la documentación y a las cuentas”, zanja.