El TSJ tumba la licencia de apertura de la plaza de toros de Aranda

Cinco meses después de que el Juzgado Contencioso Administrativo de Burgos sentenciase el último juicio de la plaza de toros de Aranda, declarando legal la concesión de la licencia; el Tribunal Superior de Justicia revoca la resolución y la anula.El TS da la razón a la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros; un colectivo que lleva años lamentando la desidia de un ayuntamiento que, en su opinión, ha estado más preocupado en “favorecer” los intereses del empresario, Victoriano del Río, que en defender los intereses de los arandinos.Al caber recurso en casación ante el Tribunal Supremo o en la Sección de Casación del Tribunal Superior de Justicia, la resolución por ahora no afecta a la plaza de toros, que podrá seguir funcionando hasta el momento en que haya una sentencia firme y siempre y cuando se mantenga el último veredicto.A este respecto, hay que recordar que en el momento en que la alcaldesa de Aranda, Raquel González, conoció la sentencia de octubre que avalaba la legalidad, hizo pública su intención de utilizar la plaza de toros, en los días que la empresa tiene por contrato que debe ceder al Ayuntamiento.  Hoy todo eso queda a expensas de lo que pueda pasar a nivel judicial.  ArgumentaciónEl Tribunal Superior de Justicia considera que el acuerdo que aprobó la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, el 9 de septiembre de 2014, por el que se resolvió la concesión de la licencia de primera ocupación y de apertura de la plaza de toros de Aranda, “no es conforme a derecho” por lo que procede su anulación. Estima así el recurso presentado por la Plataforma contra la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Burgos, el 26 de octubre de 2021.A la hora de argumentar la decisión, el Tribunal advierte: “una cosa es que se haya considerado por esta Sala que concurría el interés público de la autorización de uso excepcional y otra muy distinta que pueda invocarse exigencias del principio de proporcionalidad y que ello permita considerar obtenida la licencia de primera ocupación, sin conocerse qué licencias de obras existían y qué obras se habían ejecutado para lo cual, evidentemente, son trascendentales los informes técnicos que se han omitido”.Este es el último juicio en el que se enfrentan la plataforma y el Ayuntamiento de Aranda. Atrás quedan catorce procedimientos judiciales en los que también ha actuado como parte la empresa de la plaza, Toros Ricor.Un permiso polémicoHay que recordar que el permiso de actividad fue polémico ya que solo votaron cuatro de los ocho miembros de la Junta de Gobierno Local. Por eso, en cuanto la alcaldesa recibió la sentencia que le daba la razón, el pasado mes de octubre, celebró la resolución destacando la “valentía” del actual concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz, y de las ex ediles (hoy al margen de la política), Azucena Esteban y Mari Ángeles Marín, así como de los entonces los concejales de Tierra Comunera, Ignacio Díez y Elia Salinero (hoy concejala de Ciudadanos), por apoyar, por su parte, la licencia de 2011. “Han sido siete años de persecución jurídica y mediática contra mi persona y contra los cuatro valientes que tomamos una decisión que, si no hubiese sido tomada, hubiera costado una millonada al Ayuntamiento”, advertía Raquel González, a sabiendas de que en ese tiempo, Toros Ricor amenazaba con dos demandas patrimoniales de 8 millones de euros por el hecho de no tener la licencia y otra porque se le obligó a deshacer una obra, que había sido avalada por un técnico municipal por las discrepancias de otro técnico. “Si en ese momento hubiésemos denegado la licencia y ahora el tribunal diera la razón al empresario, tendríamos sobre la mesa dos demandas de más de 8 millones de euros, que muy probablemente hubiésemos tenido que indemnizar”, indicaba.Pero lo cierto es que ahora el Tribunal anula la licencia al entender que el Ayuntamiento debería haber esperado a comprobar que las obras se habían ejecutado en su totalidad. El litigio sigue abierto.