Acusaciones de apropiación indebida en la Comunidad de Regantes Canal de Aranda

La batalla en la Comunidad de Regantes Canal de Aranda está lejos de terminar. Tras confirmar que Emilio Rojo y Mónica Agüera han convocado una nueva asamblea “ilegal” el 30 de noviembre, para convalidar la renovación de cargos de la directiva que “ilegalmente salieron de la asamblea, también irregular, del 21 de septiembre”; la junta directiva "vigente y legal" ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Aranda de Duero. En ella, el presidente, Antonio Llorente Leal, que sustituye al fallecido, Ángel Miguel Sancho, pide la suspensión inmediata de la convocatoria e insta al Juzgado a investigar un presunto delito de apropiación indebida. "Existen evidentes indicios de un delito de apropiación indebida”, sostiene Antonio Llorente Leal, convencido de que “ha existido una distracción de los bienes de la Comunidad de Regantes”.

Antonio Llorente centra su sospecha en los dos promotores principales de la asamblea “ilegal”: Emilio Rojo, que no puede ser vocal porque “no fue reelegido en noviembre de 2016 y mantiene además litigios con la Comunidad” y Mónica Agüera Gil,  que a pesar de que “fue destituida en febrero de 2017 y despedida por pérdida de confianza”, “sorprendentemente ha seguido actuando como secretaria, controlando todas las cuentas y negándonos el acceso a la documentación y padrón de usuarios”.

Al primero le acusa de haberse “embolsado más de diez mil euros de forma ilícita, en concepto de dietas que correspondían al presidente, Ángel Miguel Sancho, el cual no sólo no las percibió, sino que puso importantes cantidades de dinero de su bolsillo en numerosas ocasiones”.

En cuanto a Mónica Agüera, el presidente, Antonio Llorente, le acusa de haberse “embolsado” en 2020 “más de 14.000 euros de forma injustificada”, “por no hablar de los recibos particulares de hockey de uno de sus hijos que ha pagado con cargo a la Comunidad”. “Por supuesto tenemos pruebas de todo”, afirma.

Dada la premura fijada de la asamblea, el presidente, Antonio Lorente, ha solicitado además que el Juzgado envíe a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con el fin de evitar una reunión “claramente ilegal”. “Del mismo modo solicitamos al juez instructor que establezca como medida cautelar esencial la prohibición de actuar a los querellados en el ejercicio de la representación de la Comunidad de Regantes Canal de Aranda, que están realizando de manera ilegal, mientras se sustancia el presente procedimiento judicial”, añade.

Con el objeto de verificar e identificar los delitos y las presuntas apropiaciones de dinero “realizadas por parte de los denunciados”, “incluyendo los más de 16.000€ de fondos de la Comunidad utilizados para la defensa jurídica personal de Emilio Rojo Herrero, Mónica Agüera Gil, Javier Alejandro Rojas Andrés, Ildefonso Casado Hernando, entre otros”, así como para verificar el funcionamiento de la Comunidad, Llorente insta al tribunal a pedir a los denunciados un extracto de cuentas de la comunidad de regantes de los últimos diez años, en las cuentas de Ibercaja, La Caixa y Caja Viva Caja Rural.

Llamamiento a la CHD

Por otro lado, la junta directiva dirigida por Antonio Llorente hace un llamamiento a la Confederación Hidrográfica del Duero para que “ponga fin a años de persecuciones e ilegalidades” porque “no olvidemos que toda esta historia de desencuentros parte de nuestro empeño por contratar una auditoría imparcial, externa y completa que ponga luz a tanta sombra y sospecha. ¿Si no hay nada que temer por qué tanto empeño en callarnos?”, cuestiona al recordar que su candidatura “fue la que ganó las elecciones, pero nunca nos han dejado trabajar porque desde el primer momento, nos han negado el acceso a las cuentas y a la información vital para el desarrollo de la actividad”.

Con todos los juicios ganados hasta ahora, Llorente insiste en la importancia de hacer una auditoría completa y externa. “Déjense de lavados de cara y de supuestas asambleas con supuestas auditorías encargadas a sus amigos, que quieran pasar por legales para acallar nuestras demandas. No hay otra salida. Los regantes merecen saber qué ha pasado en la Comunidad durante todos estos años de dispendio e irregularidades y merecen un futuro limpio y veraz”, termina.