La Fiscalía pide 22 años para el jubilado mirandés que envío cartas bomba a Sánchez
Le atribuye los delitos de terrorismo con resultado de lesiones y de fabricación de explosivos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita una pena de 22 años de cárcel para Pompeyo González, el jubilado mirandés detenido a finales de enero de 2023, acusado de enviar cartas bomba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las embajadas de Ucrania y Estados Unidos en Madrid, a la base área de Torrejón de Ardoz y a la empresa zaragozana Instalaza será procesado por delitos de terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista.
En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión por un delito de terrorismo, con resultado de lesiones, por las heridas que sufrió el empleado de la embajada ucraniana M.V. por uno de los artefactos explosivos que envió a esta institución, y otra pena de diez años por un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiaria con fines terroristas. La Fiscalía solicita, además, que indemnice a M.V. con 1.500 euros por las lesiones sufridas.
Por parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pide una pena de 24 años de cárcel por los mismo delitos y recuerda que el acusado "contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España" construyó artefactos que remitió por correo postal a varias instituciones, según informa Europa Press.
Según el escrito de la Fiscalía, Pompeyo, "contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España", por el Gobierno de Estados Unidos y de otras instituciones, construyó seis artefactos explosivos.
Hay que recordar que el auto de acusación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama establecía hasta diez indicios para acusar al jubilado mirandés de ser el autor de la elaboración y los envíos de las cartas bomba. Los sobres de cartón que no explotaron enviados a Presidencia del Gobierno, la embajada de EE.UU, y SatCen se encontraron matasellados de forma parcial por el Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid. Las imágenes de seguridad confirmaron que el resto de cartas bomba pasaron también por este centro, lo que pudo hacer pensar en un principio que se enviaron desde Valladolid.
La investigación policial realizó una trazabilidad de los envíos a la inversa hasta los camiones de reparto, lo que llevó a los investigadores hasta Burgos, y pudieron determinar que se enviaron desde diferentes buzones de la capital burgalesa. El análisis de los sellos estampados en los sobres también fue clave en la investigación. En concreto, el análisis de los sellos ‘Disello cat. General 0,75 euros’ y ‘Monte Santa Trega 2,70 euros’ permitió determinar que se compraron en un estanco de la calle San Pablo 17 y en otro de la calle Sombrerería 19. En cuanto a las características de los sobres, la investigación policial establece que se compraron en la página web que comercializa su venta online www.sobres.es. Pompeyo compró 25 sobres ese tipo el 5 de noviembre pasado.
La Policía constató que en los restos de ADN hallado en los artefactos enviados a las embajadas de Ucrania, Estados Unidos, SatCen, Ministerio de Defensa, Ministerio de Presidencia, y mercantil Instalaza aparece un mismo perfil genético que coincidía con el del detenido.