Suárez aboga por una ley de pequeños municipios frente a la actual Ley de Régimen Local que “perjudica la supervivencia de los pueblos”

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, subrayó hoy la necesidad de una ley de pequeños municipios frente a la actual Ley de Régimen Local que “lo que hace es perjudicar la supervivencia de los pueblos”, dijo. “No solo su día a día, sino la supervivencia de los pueblos”, insistió.

Lo hizo durante la presentación de la I Jornada de trabajo entre diputaciones provinciales de Castilla y León sobre sostenibilidad demográfica que se celebrará mañana jueves, 30 de mayo, en el Monasterio de San Agustín, acompañado por la diputada de Reto Demográfico, Susana Díez; y el diputado y presidente de Sodebur, Carlos Gallo.

En este sentido, Suárez aseveró que es “necesaria” una ley de pequeños municipios, que “recoja una fiscalidad diferente para el medio rural” porque “es necesario dar oportunidades de ese tipo a los pueblos de todo el interior de Europa y de España”, expuso. Una nueva normativa que contemple una fiscalidad y una política urbanística diferenciadora que favorezca la creación de viviendas en el medio rural.

“No nos cansaremos de decir que es necesaria una revisión de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que es necesaria una revisión del procedimiento administrativo, que no se puede considerar en este caso al medio rural exclusivamente en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y que tiene que haber una discriminación en favor de los municipios más pequeños”, defendió.

Por lo tanto, el responsable de la institución provincial Borja Suárez aseveró que “se va a tratar de trasladar a quien corresponda” que esa normativa “se tiene que adaptar” y que “tiene que tener un estatuto especial y que tiene que concentrar una serie de medidas que ayudarán al medio urbano”, agregó.

La morfología social y demográfica en la provincia de Burgos habla de más del 85 por ciento de ayuntamientos pequeños que son desde los 100 a los 400 habitantes. Por lo tanto, demandó que “estos ayuntamientos no pueden tener las mismas obligaciones administrativas y fiscales que el resto de ayuntamientos que se consideran de medio rural, pero que superan con creces ese número de habitantes”.

“No puede ser la misma obligación con respecto a mantener un secretario, un interventor en un Ayuntamiento de 50 habitantes que en un Ayuntamiento de 50.000”, advirtió, porque “eso redunda en los problemas en los que está entrando también la gestión en los municipios pequeños y exige medidas que se escapan, en este caso, a las corporaciones locales”.

Por lo tanto, insistió en que “siempre que hablemos de reto demográfico, es una obligación por parte de la Diputación de Burgos exigir que haya una modificación normativa, que haya un estatuto, que haya una ley del pequeño municipio, que haya una discriminación a favor del medio rural a través de una fiscalidad diferenciada y que, en definitiva, todas esas medidas que ayuden al medio rural a tener oportunidades de desarrollo son necesarias”.

Jornada sobre sostenibilidad demográfica

“Las políticas de vivienda son especialmente sensibles a las necesidades que tienen los pueblos hoy en día, fundamentalmente, por la falta de acceso a la vivienda a nuevos vecinos de los pueblos”, exclamó Suárez. Por ello, la vivienda será uno de los temas que se abordarán en la jornada de mañana.

Así, avanzó que la Diputación trabaja en un convenio con la Dirección General de Vivienda de la Junta en torno a la vivienda rural específico para la provincia burgalesa que se puede “hacer extensible a todas y cada una” de las diputaciones provinciales en Castilla y León. “En el fondo tenemos problemas comunes y tenemos que dar también soluciones comunes”, puntualizó.

Un acuerdo específico del que dijo que se podrá firmar este año y que “no solo es para generar vivienda” sino que contempla “muchas novedades” relativas a “la implementación de políticas que hasta ahora no se habían visto en la provincia de Burgos en torno a la vivienda”. Se refirió a generar un banco de vivienda provincial que también implemente políticas de ayudas y que una al sector público y privado.