Argüello cree que «igual no hay otro remedio» que ir por la vía civil con las monjas de Belorado

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, mostró su apoyo a la decisión tomada por la Santa Sede de nombrar al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, comisario pontificio de los monasterios de Santa Clara de Belorado, Orduña y Derio, al tiempo que reconoció que «igual ya no hay otro remedio que abordar la situación desde el punto de vista de la legislación civil».

A la salida de su reunión con el papa Francisco en el Vaticano, Argüello reconoció no haber abordado el asunto con este y apoyó también «el paso dado en las últimas horas de llevar el asunto a las autoridades judiciales civiles», aunque afirmó que eso mismo es lo que el arzobispo de Burgos «quiso tratar de evitar mediante una solución de tipo pastoral». Argüello indicó que «por ser justos con la conversación, ese asunto no ha salido en la conversación con el Papa. Pero a la hora de hacer una valoración, nosotros apoyamos la medida tomada por la Santa Sede, de nombrar al arzobispo de Burgos, como no puede ser de otra manera, comisario pontificio».

«Es una pena, porque la intención del pastor de esa comunidad burgalesa lo que desea es una solución pastoral dialogada, en la que sea posible el poder repensar las cosas por parte, al menos, de algunas de las religiosas», concluyó el arzobispo de Valladolid.

Estas declaraciones llegan después de una semana en la que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, compareció en una rueda de prensa, acompañado de madre Javier Soto y hermana Carmen Ruiz, presidenta y secretaria de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, para anunciar que asumía el mando de los conventos de las clarisas de Belorado, Orduña y Derio, una vez que la Santa Sede le había nombrado comisario pontificio. Un anuncio que coincidía con el fin del mandato de la abadesa del monasterio de Santa Clara, sor Isabel, ya oficialmente exabadesa.

Iceta recordó que la nueva situación se comunicó a sor Isabel por burofax, así como exigir a Pablo de Rojas y José Ceacero, y a cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, que abandonen el recinto. Como nuevo responsable máximo de la administración de los conventos y sus bienes, cometido para el que se precisará la colaboración de «un despacho profesional», encargará la realización de una auditoría y un inventario. 

Recordaba además Iceta que las actuales moradoras del monasterio de Belorado no podrán comprar ni vender ninguno de los tres inmuebles con los que mantienen un vínculo (siendo de su propiedad el citado y el de Derio y ocupando el de Orduña sin ser las dueñas), pues «no tiene capacidad para administrar más allá de lo necesario para el día a día». Desde que se conoció la decisión de las monjas de Belorado de abandonar la Iglesia, el arzobispo reconoció que no ha podido contactar con ellas. 

La reacción a este movimiento del Vaticano no se hizo y esperar y, de madrugada, el portavoz de las religiosas, José Ceacero, sor Isabel y otras dos hermanas, buscaron un cuartel abierto de la Guardia Civil para poner una denuncia hasta que llegaron a la comisaría de Policía de Logroño. Allí, denunciaron al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, por «violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, así como también por abuso de poder y usurpación de la representación legal».

Así lo explicó Ceacero a las puertas del monasterio, con la denuncia en la mano, quien señaló que las monjas «no están bajo la jurisdicción» de nadie al abandonar la Iglesia.